3.07.2009,Honduras
Washington, D.C., 3 de julio de 2009 – La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda
preocupación por el decreto ejecutivo 011-2009 adoptado por las
autoridades de facto en Honduras, mediante el cual se suspenden
derechos fundamentales tales como la libertad personal, permitiendo la
detención e incomunicación por más de 24 horas, la
libertad de asociación y de reunión, y el derecho a
circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio de
Honduras.
La CIDH desea reiterar que la suspensión de derechos procede
sólo en situaciones excepcionales fijadas taxativamente por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en ningún
caso la suspensión de la libertad personal puede implicar una
limitación del recurso de habeas corpus o de otros medios
idóneos y efectivos para la revisión judicial de las
detenciones, ni de las garantías judiciales indispensables para
la protección de la vida y la integridad personal.
Asimismo, la CIDH decidió el 2 de julio de 2009 una nueva
ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de
salvaguardar la vida e integridad de personas en Honduras respecto de
las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una
situación de riesgo.
La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para
asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. En
particular, respecto de las personas detenidas y/o con paradero
desconocido, la Comisión solicitó que se informe sobre su
paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su
inmediata libertad. Las medidas cautelares 196-09 fueron originalmente
otorgadas el 28 de junio a favor de la Ministra de Relaciones
Exteriores, Patricia Rodas, y ampliadas el 29 de junio de 2009 a otras
personas, tal como fue informado a través del Comunicado de
Prensa No. 45/09. La CIDH solicitó contar con información
sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de
48 horas.
En la misma misiva, la Comisión Interamericana comunicó
que, en atención a las disposiciones de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, deben ser adoptadas todas las medidas
necesarias para asegurar la vida e integridad personal de los
defensores de derechos humanos, los periodistas, los familiares del
Presidente Zelaya, y los observadores internacionales presentes en
Honduras. Al igual que en los días previos, la CIDH
dirigió esta carta al Presidente del Congreso y el Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, autoridades que permanecen en sus cargos
tras el golpe de Estado, debido a la imposibilidad de dirigirse en este
momento al Presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, y a la
Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas.
A través de la ampliación decidida hoy por la CIDH, las
siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las
medidas cautelares:
Adriana Sivori, periodista de TeleSUR, respecto de quien se ha
recibió información de que fue detenida arbitrariamente
por fuerzas militares, despojada de sus equipos de trabajo y
documentación, y trasladada a un lugar desconocido
Alan McDonald, caricaturista, especto de quien se recibió
información de que fue detenido junto con su hija de 17 meses y
que un grupo de soldados saqueó su casa y destruyó sus
caricaturas
Alejandro Villatoro, periodista de Radio Globo,
Andrés Pavón Uribe, Miembro del comité de derechos humanos de Honduras,
Ángel Alvarado, miembro del comité nacional de resistencia,
Arcadia López, Ministra de staff de la casa presidencial,
Bertha Oliva de Nativí, miembra del comité de familiares detenidos y desaparecidos de Honduras,
Carlos Eduardo Reina, miembro del Comité nacional de resistencia,
Carlos Humberto Reyes, miembro del bloque popular,
Carlos Melano, Asistente del presidente Zelaya,
Clyburn St. John, periodista de TeleSUR,
Danny Reyes, dirigente de la Asociación LGTB Arcoiris de
Honduras, respecto de quien se recibió de que fue trasladado a
una estación policial el 29 de junio de 2009
David Ellner Romero, periodista del canal 36 y/o Radio Globo, respecto
de quien se recibió información de que fue desaparecido
forzosamente el 28 de junio de 2009 por efectivos militares
encapuchados
Doris García, Ministra del instituto nacional de la mujer,
Eduardo Maldonaldo, periodista del canal 36, respecto de quien se
recibió información de que habría sido
desaparecido forzosamente el 28 de junio de 2009 por efectivos
militares encapuchados
Edward Yeferí Lobo Sánchez, defensor de los derechos de la niñez y juventud
Enrique Flores Lanza, Secretario de la presidencia,
Enrique Reina, Asistente del presidente Zelaya,
Eulogio Chávez, miembro del Comité nacional de resistencia,
Franklin Mejía, periodista de Radio Globo,
Freddy Quintero, periodista de TeleSUR, respecto de quien se ha
recibido información de que habría sido detenido
arbitrariamente por fuerzas militares, despojada de sus equipos de
trabajo y documentación, y trasladada a un lugar desconocido
Guillermo de Jesús Mayen Jiménez, defensor de los
derechos de la niñez y juventud y miembro del partido
político unión democrática, respecto de quien se
recibió información de que fue perseguido y acosado por
las fuerzas de seguridad por su pertenencia al partido unión
democrática
Hector Licona, funcionario de la Asociación LGTB Arcoiris de
Honduras, respecto de quien se recibió información de que
habría sido trasladado a una estación policial el 29 de
junio de 2009
Israel Moreno, director de la Radio Progreso,
Israel Salinas, Miembro del sindicato mayoritario,
Juan Barahona, miembro del bloque popular,
Larry Sánchez, periodista de TeleSUR, respecto de quien se
recibió información de que fue detenido arbitrariamente
por fuerzas militares, despojado de sus equipos de trabajo y
documentación, y trasladado a un lugar desconocido
Lidieth Díaz, periodista de Radio Globo,
Luter Castillo Harris, Jefe de cooperación externa de a cancillería de la república,
Madeleine García, periodista de TeleSUR,
Marco Tulio Burgos Córdova, Comisionado Nacional del Comité Permanente de Contingencias,
María José Díaz, periodista de TeleSUR, respecto
de quien se recibió información de que habría sido
detenida arbitrariamente por fuerzas militares, despojada de sus
equipos de trabajo y documentación, y trasladada a un lugar
desconocido
Marvin Ponce, Diputado del congreso nacional por el partido unificación democrática,
Matilde Durón Ochoa, defensora de los derechos de la niñez y juventud,
Mayra Mejía, Secretaria del Trabajo,
Milton Jiménez Puerto, Presidente de la Comisión de Banco y Seguros,
Miriam Mejh, Instituto de la Juventud,
Orlando Villatoro, periodista de Radio Globo,
Patrick Pavón, funcionario de la Asociación LGTB Arcoiris
de Honduras, respecto de quien se recibió información de
que fue agredido por efectivos de la Policía Nacional y
militares
Rafael Alegría, dirigente nacional de la vía campesina,
Regina Osorio, periodista de TeleSUR,
Roger Ulises Peña, sindicalista, respecto de quien se
recibió información de que fue atropellado a las 9:00
a.m. del lunes 29 de junio de 2009 por un comando militar y que se
encuentra en estado de gravedad
Rony Martínez, periodista de Radio Globo,
Salvador Zúñiga, miembro del consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras,
Sara Elisa Rosales, miembro de la organización las lolas y movimiento feminista,
Tomás Andino Mencía, defensor de los derechos de la niñez y juventud.
Por otra parte, la Comisión solicitó información sobre las siguientes situaciones:
Estado de excepción
si se han adoptado medidas excepcionales para restringir o suspender
derechos individuales y, en ese caso, cuáles medidas han sido
adoptadas para asegurar la observancia de los derechos fundamentales y
garantías judiciales inderogables de las personas;
el decreto 011-2009, mediante el cual se restringieron derechos fundamentales;
si se ha producido alguna muerte en conexión con el golpe de
Estado, y en este caso información específica al
respecto;
el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes al Ejército;
la totalidad de las detenciones que habrían practicado desde el
día 28 de junio de 2009 en conexión con el golpe de
Estado o en operativos de control de orden público posteriores,
identificación completa de las personas detenidas y causas de
cada detención, si hay personas recluidas en establecimientos
militares o dependencias policiales, si existen personas detenidas
incomunicadas y tiempo de incomunicación, si existen disponibles
y en funcionamiento recursos judiciales para revisar las causas y
condiciones de esas detenciones;
la toma de HONDUTEL por parte de efectivos militares; y
el corte deliberado de servicios de luz y teléfono.
Libertad de expresión
la clausura del Canal 36, el Canal 8 y medios de comunicación estatal;
la prohibición al Diario El Tiempo y el Canal 11 de transmitir
declaraciones de funcionarios del Gobierno del Presidente Zelaya;
la toma y clausura de Radio Progreso por elementos militares;
la orden, bajo amenaza de fuerza, para que dos equipos de TeleSUR desmontasen sus equipos e interrumpiesen transmisiones;
la prohibición de transmitir a canales de televisión por
cable (vg. TeleSUR, CNN, CubaVisión Internacional); y
la toma de Radio Globo por elementos militares y las presuntas vejaciones, amenazas e intimidaciones contra su personal.
La Comisión Interamericana condenó enérgicamente
el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional que tuvieron
lugar el 28 de junio de 2009 en Honduras, a través de un
comunicado emitido esa misma fecha. La CIDH reitera el llamado urgente
realizado en esa oportunidad, para que se restaure el orden
democrático en Honduras y para que se respeten los derechos
humanos, el Estado de Derecho y la Carta Democrática
Interamericana. En la misma fecha, la Organización de Estados
Americanos (OEA), a través de una resolución del Consejo
Permanente, condenó el golpe de Estado y la detención
arbitraria y expulsión del país del Presidente Zelaya,
exigió el inmediato, seguro e incondicional retorno del
Presidente Zelaya a sus funciones constitucionales y anunció que
no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta
ruptura inconstitucional. La Asamblea General Extraordinaria de la OEA
aprobó el 1 de julio una resolución en la cual da un
plazo de 72 horas para la restauración de la democracia, pasado
el cual se aplicará el artículo 21 de la Carta
Democrática Interamericana para suspender a Honduras de la
organización.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge
de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete
miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que
no representan a ningún país en particular y que son
elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Enlaces Utiles:
Comunicado de Prensa No. 43/09: CIDH condena enérgicamente golpe de Estado en Honduras
Comunicado de Prensa No. R 44/09: Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión condena limitaciones a la libertad de
expresión en Honduras
Comunicado de Prensa No. 45/09: CIDH solicita visitar Honduras, otorga medidas cautelares y pide información
Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Oficina de Prensa de la CIDH
Sitio Web de la CIDH
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
Tel.: +49-(0)234-9041380
Fax: +49-(0)234-9041381
(Martes y jueves)
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