09.10.2008, Paraguay, Federico Tatter sobre el nuevo gobierno de Lugo
Durante la dictadura stronista 1954-1989, se han podido registrar
más de 500 desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales. El subregistro es incluso grande pudiendo elevarse la
cifra por las actuaciones del fenómeno del sicariato selectivo.
Durante el período de transición, así denominado
al comprendido entre 1989 y 2008, más de 100 ciudadanos han sido
asesinados en la lucha por la tierra y la libertad de
organización, también con un alto subregistro por la
creciente actividad de los asesinatos selectivos que en el
período se consolida como el método preferido de
actuación clandestina de los factores reales de poder
político y económico detrás del poder formal,
vinculados incluso a asociaciones ilícitas de gran calado e
influencia regional, como el contrabando, el narcotráfico, el
armatráfico.
El 15 de agosto pasado, con alta expectativa ciudadana se ha inaugurado
un nuevo período de gobierno, dejando atrás más de
60 años de hegemonía del partido colorado, gran
responsable material e intelectual de la mayoría de éstos
crímenes perpetrados por el estado o por la aquiescencia del
mismo.
El nuevo presidente, a casi un mes de asumido, en su primera
intervención oficial ante la Asamblea de las Naciones Unidas,
hace no más de una semana atrás, anunciaba ante el mundo
entero, el fin de la transición en el Paraguay, de más de
20 años (la larga y extenuante transición española
que la integró a Europa duró, dicen, 18 años), y
el comienzo de una nueva era de consolidación de la democracia,
las libertades y el pleno disfrute de los derechos humanos,
económicos y sociales, tan largamente postergados y arrebatados
por gobiernos dictatoriales, conservadores, corruptos y clientelistas.
Por fin, se iniciaría en el Paraguay una era de conquista de
derechos fundamentales por los que muchos compatriotas perdieron la
vida.
Pero no pasaron días para constatar la dura realidad de que los
factores reales del poder conservador siguen presentes en el Paraguay,
ejercen efectiva y negativa influencia en la estructura gubernamental.
Ha ocurrido una muerte absolutamente evitable en un estado que
considerábamos de pleno derecho y de seguridad de las personas.
Y por tanto será necesario investigar no solamente las razones
del especial accionar violento de los agentes estatales, como la
cobertura y responsabilidad de la conducción fiscal, así
como la fuerte presunción de la existencia de francotiradores
ocultos emboscados, muy probablemente al servicio de terratenientes con
fuerte apoyo político, todos involucrados en los sucesos
represivos que culminaron en la muerte de un ciudadano.
Y así deja sentado el comunicado de la Red Rural del Paraguay en
un comunicado: “Cayó una nueva víctima de la
violencia en el campo. En la democracia como en la dictadura del
Paraguay, el que pone los muertos en la constante como interminable
lucha por la tierra, siempre es el campesinado. Esta vez la
víctima es Bienvenido Melgarejo, dirigente gremial y padre de
ocho criaturas, quien fue asesinado el 3 de octubre pasado en la
colonia San Antonio de Mbaracayú por fuerzas policiales que
intervinieron en un conflicto de tierra”.
En este sentido, la Red Rural no tiene dudas en señalar que
“es responsabilidad del Estado, cualquiera sea el gobierno de
turno, implementar la reforma agraria de acuerdo con la
Constitución y la ley respectiva. Si no se la lleva adelante es
porque el gobierno no tiene las agallas suficientes para enfrentar a
los grupos de presión que pretenden acaparar los recursos
naturales y los factores de la producción”.
Continúa el comunicado sentenciando que “el Estado
paraguayo es responsable de la miseria que soportan las familias
paraguayas, debido a la insoportable inequidad, como resultado de una
mala política y mal gobierno. En especial, es responsable de la
mala y desigual distribución de la tierra entre quienes
encuentran en ella un medio de vida”.
Con respecto al accionar represivo que ha recibido presiones muy
fuertes para actuar como ha quedado evidenciado en diversos medios de
comunicación la Red Rural asevera que “Las instituciones
de seguridad están para garantizar la vida, por sobre toda las
cosas. La vida de las personas está antes que los bienes
materiales. Desde hace décadas, los órganos de seguridad
del Estado vienen cumpliendo una función contraria; se han
convertido en victimarios del pueblo movilizado priorizando la custodia
de propiedades antes que la seguridad y la vida de la gente”.
Así también, la Red Rural, al condenar y responsabilizar
al estado por la muerte de Bienvenido Melgarejo, sostiene que apoya la
declaración de intenciones del Poder Ejecutivo de iniciar una
mesa de diálogo con un plazo de conclusión que surge en
forma posterior al asesinato, “a fin de poner en marcha un
programa de mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado, lo
que ineludiblemente pasa por romper con los tradicionales privilegios
que ostentan pequeños grupos de poder económico con
fuertes influencias sobre el poder representativo de la nación.
Es necesario que el Gobierno entienda que implementar la reforma
agraria es una tarea urgente y de ella depende la paz social del
presente y el futuro”.
La acción represiva, que culminó en la muerte de
Bienvenido Melgarejo fue acompañada y avalada por la
acción fiscal, así como presionada desde sectores del
parlamento nacional afines a los grandes propietarios de tierras, por
tanto será crucial que la necesaria investigación
exhautiva del crimen, se extienda también a revisar todos los
entretelones del procedimiento policial, del procedimiento
fiscal-judicial, de las presiones parlamentarias, de las presiones de
los gremios terratenientes, de las presiones de los factores de poder
zonales, y que todas, sean puestas bajo una investigación
jurisdiccional con especial pericia e independencia de estos factores,
para que se logre el cometido que finalmente la Red Rural sentencia y
exige cual es la “justicia para Bienvenido Melgarejo y su
familia, que signifique la reparación material de los
daños sufridos y el castigo de los culpables”.
La justicia, el castigo y la reparación si bien todas quedan
bajo responsabilidad irrenunciable del estado y de sus agentes
comprometidos en los hechos, además de lograrlos en los estrados
jurisdiccionales, se deberán lograr en la conciencia ciudadana
de que sólo el pueblo, especialmente si está organizado,
salvará al pueblo. El fin de la impunidad, será la
única e indelegable garantía en la construcción y
conquista de todos los derechos humanos, económicos y sociales.
Jamás debió morir Bienvenido Melgarejo, y mientras no se
resuelva su asesinato, en Paraguay no podremos hablar del fin de
ninguna transición, ni del imperio pleno del estado social de
derecho.
Es necesaria y bienvenida toda concresión de mesa de dialogo,
concertación y concresión ejecutiva de la postergada reforma agraria,
pero ella no debe centrarse sobre la impunidad de los crímenes
cometidos. Dicha mesa debe llamarse en su homenaje "Bienvenido
Melgarejo" y jamás debe olvidarse que sus resultados surgen de la
muerte evitable de dicho ciudadano. La estructura jurisdiccional
actualmente no está preparada para investigar estos crímenes, antes
bien, esconderlos y cubrir a los poderes fácticos que los han
instalado allí, por tanto, en dicha mesa, es imperioso también
resolver la más profunda investigación de estas instancias, así como
su debida y constitucional remoción y reestructuración.
Federico Tatter.
Correos: ftatter@yahoo.com, federico.tatter@gmail.com,
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
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