10.12.2008, Guatemala, FMM
Al haberse conmemorado en el mundo, el Día Internacional de los
Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre, y ante los recientes
acontecimientos que se han reportado en el caso de la
desaparición forzada de siete personas, ocurridas en 1981 en la
aldea el Jute, Chiquimula, la Fundación Myrna Mack denuncia lo
siguiente:
A lo largo del año 2008, las distintas instituciones de
justicia, pero especialmente la Corte de Constitucionalidad (CC), la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), e
incluso el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), han incurrido en
decisiones, hechos y situaciones que afianzaron la impunidad en el
llamado Caso El Jute. Por ese delito afrontaban proceso un coronel del
Ejército y tres comisionados militares, sindicados de haber
perpetrado una múltiple desaparición forzada.
Como oportunamente informaron los medios de comunicación, la CC
y la CSJ emitieron a lo largo del año resoluciones que
derivaron, en días recientes, en la liberación de un
oficial militar sindicado de tener responsabilidad en la
desaparición forzada de Jacobo, Miguel y Raúl
Chegüen, y de Inocente, Antolín, Valentín y Santiago
Gallardo. Este caso de múltiple desaparición forzada tuvo
lugar en 1981, en la aldea El Jute, Chiquimula.
Pero las resoluciones fueron más allá, al permitir que a
este individuo le fuera aplicado el beneficio de la extinción de
la responsabilidad penal que establece la Ley de Reconciliación
Nacional, Decreto 41-96.
Todo esto fue posible gracias a la consolidación y
aplicación de una serie de resoluciones que involucran al MP y
al PDH, a la CSJ y a la CC.
En el caso del MP y la PDH vemos que ha habido negligencia, indolencia,
incumplimiento de deberes y hasta incumplimiento del mandato
constitucional, porque estos entes han sido permisivos del manejo que
del Caso el Jute han hecho la CC y la CSJ.
Por ejemplo, la CC excluyó al Procurador de los Derechos Humanos
a pesar de su papel de querellante adhesivo, y desconoció su
función como ente que realizaba además una
averiguación especial por designación expresa de la CSJ.
La institución afectada, el PDH, no emitió comentarios ni
accionó para enmendar esa situación.
En lo que toca al MP, ha habido una inocultable indolencia al no apelar
la sentencia dictada por la CSJ, pues con esto permitió que la
misma quedara firme; y así el militar logró su libertad
al serle aplicada la Ley de Reconciliación Nacional.
Las resoluciones emitidas por la CSJ y la CC, que permiten dejar en
libertad a un militar acusado de graves delitos, constituyen toda una
afrenta a la sociedad de Guatemala y del mundo.
Para la Fundación Myrna Mack es evidente que se está
utilizando a la justicia constitucional para afianzar la impunidad en
crímenes de lesa humanidad que, como la desaparición
forzada, están incluidos en una tipificación universal
que hace que estos delitos no prescriban; y tampoco pueden ser
favorecidos con amnistías o cualquier otra fórmula de
extinción de responsabilidad penal.
Con esas resoluciones, se avaló la decisión que
había tomado en 2006 la Sala Primera de Apelaciones del ramo
penal, en el sentido de extinguir la responsabilidad penal del militar,
al haberle aplicado los beneficios de la Ley de Reconciliación
Nacional, Decreto 41-96, a pesar de que el artículo 8 de ese
decreto es contundente al establecer -como excepción de los
beneficios de la ley- los delitos de lesa humanidad, entre ellos la
desaparición forzada.
La Fundación Myrna Mack denuncia que en toda la gestión
del Caso El Jute ha habido litigio malicioso y numerosas
anomalías, en las cuales han incurrido casi todos los sujetos
procesales, de tal manera que han servido a la impunidad de diversas
maneras. El broche de oro fue la concatenación de actuaciones
que concedieron un beneficio que no corresponde, que no es legal,
aplicar.
Lo acontecido no merece más que un rechazo y una condena contra
las instituciones y autoridades involucradas, por manipular la justicia
constitucional y así ponerla al servicio de violadores de
derechos humanos. Lo preocupante es que esto deviene de instituciones
que tienen una responsabilidad en garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos, y que lejos de cumplir su mandato siguen sumidas en
prácticas que les hacen perder credibilidad, integridad,
imparcialidad e independencia. Son estas instituciones las principales
responsables de procrear la impunidad en Guatemala, que en la
actualidad se manifiesta también en los altos índices de
violencia y criminalidad, cuyo impacto genera miles de víctimas
mortales al año.
En lo que respecta al PDH, la Fundación Myrna Mack lo
emplaza públicamente para que cumpla con sus funciones
constitucionales, con su mandato de averiguación especial y su
condición de querellante adhesivo en el caso, a fin de que
cuanto antes gestione lo que corresponda nacional e internacionalmente,
a efecto de que este caso de múltiple desaparición
forzada no quede impune; y para que tampoco se convierta en un
nefasto precedente para otros casos.
Finalmente, la Fundación Myrna Mack lamenta que la
celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos
se haya visto opacada por el efecto de esta concatenación de
resoluciones judiciales, que se derivan de un contubernio institucional
favorable a la impunidad de las graves violaciones a los derechos
humanos.
Guatemala, 10 de diciembre de 2008
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
Tel.: +49-(0)234-9041380
Fax: +49-(0)234-9041381
(Jueves y viernes)
Apoyado de
