11.05.2007, Guatemala, Fundacion Myrna Mack
La Fundación Myrna Mack se congratula por la opinión consultiva emitida por la CC, en
el sentido de que la creación y funcionamiento de la CICIG no contraviene la Carta Magna, por
cuanto abre oportunidades para que el consenso y la voluntad política primen en pro de
iniciar un real combate contra el crimen y la violencia que afectan profundamente a la
población
y a las instituciones.
A pesar de que la resolución despeja las dudas que existían al respecto de la CICIG,
su aprobación no está garantizada. Por un lado, el Congreso de la República
iniciará en breve su receso de medio año; y, por el otro, no todas las bancadas
están comprometidas con este Acuerdo suscrito, el 12 de diciembre de 2006, por el Gobierno de
la República de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas. Además, hay
grupos, sectores, partidos y organizaciones que siguen rechazando la creación de la CICIG,
pero al parecer se trata de posiciones políticas irreductibles y radicales, frente a las
cuales muy poco se puede hacer.
La resolución de la CC es el aval jurídico constitucional que se requería para
aprobar con certeza la instalación de la CICIG. Por eso mismo, debe funcionar también
como eje del consenso político, de la convergencia de voluntades y de argumento sólido
que disipe las
discrepancias que han retrasado su aprobación, independientemente de ideologías
confrontadas, posiciones políticas del momento o intereses gremiales y personales.
Luego de conocer esta resolución favorable a la CICIG, es deseable que el Congreso de la
República apruebe sin más dilaciones el Acuerdo suscrito con la ONU; y que con
responsabilidad, madurez y seriedad, los diputados vean que -además de esta
resolución- hay otros elementos que hacen urgente dicha decisión parlamentaria.
Por ejemplo, no debe haber dudas sobre la conveniencia, la importancia y la pertinencia de que en
Guatemala funcione una entidad de esta naturaleza, pues sumará esfuerzos a la lucha contra la
impunidad y contra todos los fenómenos que obstruyen la justicia y alientan las
actividades de los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos. Por eso, debe existir un amplio
apoyo parlamentario y extraparlamentario, pues la sociedad y las instituciones estatales necesitan
crear mecanismos que les permitan trabajar conjuntamente, para combatir con
eficacia las estructuras clandestinas que generan crimen y violencia de altísimo impacto
político y social.
El receso parlamentario no debe ser excusa para seguir retrasando la aprobación de la CICIG,
ni para obstruir el avance de otros proyectos necesarios para afrontar la crisis en materia de
seguridad, entre ellos la Ley Marco de Seguridad y una serie de iniciativas estancadas sin
justificación alguna, entre las que se cuentan las reformas a la Ley de Amparo, la Ley de
Armas y Municiones y la Ley de Servicios de Seguridad e Investigación Privada.
A pesar de que la campaña electoral ya arrancó oficialmente y estamos a pocos meses de
elegir nuevas autoridades ejecutivas, legislativas y municipales, los problemas de fondo del
país siguen vigentes y desatendidos. Es preciso impedir que el proselitismo, las ofertas
electoreras y la confrontación entre partidos obstaculice la toma de decisiones
impostergables, como es el caso de las iniciativas antes mencionadas.
Guatemala, 11 de mayo de 2007