13-02-2008, Guatemala, Fundacion Myrna Mack sobre la accion del estado ante recientes hechos de violencia en Guatemala
Acción estatal sin pericia frente a expresiones criminales
Con gran preocupación por los acontecimientos de extrema
violencia acaecidos recientemente, y en especial por la
inadecuada acción estatal al respecto, la Fundación Myrna
Mack comparte con la opinión pública las siguientes
reflexiones:
La muerte violenta de pilotos y ayudantes del transporte público
urbano y extraurbano se ha convertido paulatinamente en un indignante y
condenable tipo de violencia recurrente, con gran impacto social y
político.
Como es lógico, cada hecho sangriento enluta a los familiares de
las víctimas e infunde terror en el gremio de pilotos, pero
adicionalmente tiene efectos sociales multiplicadores: el miedo
generalizado, la paralización del servicio del transporte, la
dificultad de las personas para desplazarse hacia residencias, centros
de trabajo, de gestión pública y de acceso a la
educación y a la salud, todo esto acompañado de protestas
y manifestaciones de inconformidad. Asimismo, deja al desnudo la falta
de eficiencia y pericia de las fuerzas de seguridad para enfrentar este
fenómeno.
No obstante, con lo ocurrido el martes 05 de febrero, cuando se
reportó una masiva ejecución de servidores del transporte
público, quedó claro que esto ha dejado de ser un
fenómeno criminal atribuible en exclusividad al comportamiento
típico de las maras. Por siniestro y perverso que parezca, ese
día los pilotos y sus ayudantes se convirtieron en
“blancos de oportunidad” para grupos criminales que buscan
generar violencia de alto impacto político y social.
Esa intensa jornada mostró con creces que el fenómeno
criminal iniciado por las maras puede ser utilizado para generar
inestabilidad en el campo concreto de las instituciones de seguridad; y
confirmó que estamos sumergidos en una situación donde
priman los juegos perversos de pugna por el poder, que provocan
pérdida de gobernabilidad y graves daños en todos los
ámbitos de la vida estatal y social.
Ya no afrontamos solamente el chantaje a pilotos, empresarios del
transporte, pequeños comerciantes de barrio y residentes de
zonas controladas por maras, que consiste en pagar “cuotas
financieras” para resguardar la vida y la integridad
física. Tampoco se trata sólo de que esas víctimas
pierden irremediablemente la vida cuando desafían el poder de
las maras, ante la falta de acción del Estado.
Ahora se afronta una nueva embestida donde el fenómeno criminal
ya conocido, es aprovechado para satisfacer oscuros móviles
políticos con variantes en el /modus/ /operandi/. Como hemos
observado, se trata de operativos bien planificados, perpetrados o por
mareros que siguen directrices formuladas fuera del seno de la mara, o
por sicarios que emulan el comportamiento de aquéllas a
petición de quien les paga y financia los operativos.
Esta “variante” de las acciones atribuibles a las maras no
es algo que se repita a diario, pero sin duda es una nueva
expresión criminal que se ha instalado en la realidad de la
ciudadanía; y es un nuevo mecanismo capaz de generar focos de
caos y crisis, que a la vez crean inestabilidad e ingobernabilidad y
expanden el estado de terror en que vivimos.
¿Quiénes están detrás de esta nueva
expresión criminal que tuvo un claro tinte político?
¿Son acaso expresiones derivadas de pugnas internas por el
control total del aparato de seguridad o es una embestida de fuerzas
externas al Estado que muestran cuán grande es su territorio, su
poderío y su impunidad?
Es obligación del Estado abordar el problema de forma integral y
para ello debe contar indefectiblemente con varios elementos, entre
ellos:
1) El análisis serio y profundo de la tendencia irrefrenable de
violencia, criminalidad e impunidad que vivimos, a efecto de formular
políticas públicas adecuadas, que incluyan con
énfasis la prevención y el tratamiento integral de los
comportamientos criminales.
2) La herramienta fundamental de la inteligencia civil, que debe
proveer la Dirección General de Inteligencia Civil del
Ministerio de Gobernación (DIGICI), estructura que sin
dilaciones tiene ser plenamente implementada y fortalecida.
3) La investigación criminal seria, profunda e independiente,
que deben desarrollar en forma coordinada la Policía Nacional
Civil y el Ministerio Público.
4) La creación y ampliación del control sobre la
tenencia, portación y uso de armas de fuego, a efecto de reducir
el trasiego y venta ilegal de armamento, así como su uso ilegal
e irresponsable. El Congreso de la República debe agilizar la
aprobación de la nueva Ley de Armas y Municiones, cuyo
trámite está entrampado desde hace varios años. No
conviene que, al calor de la coyuntura, los diputados legislen de
manera improvisada o se limiten a crear parches. Hay toda una agenda
legislativa en seguridad que es preciso sacar adelante, con enfoque
democrático, integral y estratégico, para que la
acción parlamentaria verdaderamente aporte herramientas
pertinentes, adecuadas y oportunas.
5) Una fuerte coordinación interinstitucional, siempre y cuando
ésta no violente ni desnaturalice las funciones que debe
desempeñar cada institución; ni abra espacios que
fomenten una suerte de “travestismo institucional”, en
donde algunas estructuras estatales desempeñen o pretendan
desempeñar las funciones que legalmente corresponde realizar a
otras.
En este sentido, censuramos cualquier intento de convertir a entidades
como la SAAS y la SAE en órganos de inteligencia operativa, pues
esto constituiría un atentado contra las entidades creadas
específicamente para ello y, de paso, resucitaría el
fantasma del deleznable Estado Mayor Presidencial, suprimido en 2003
por haber funcionado siempre como un centro de ejecución de
graves crímenes.
Es innegable que el Estado está fallando. Las víctimas de
este presente tan convulso, al igual que ocurrió con las miles
víctimas de la lucha insurgente-contrainsurgente, no gozaron de
las garantías, los derechos y las libertades que establece la
Constitución Política de la República de Guatemala.
A esto se suma el problema de que las fuerzas de seguridad siguen
cobijando en su seno a agentes que participan en ejecuciones
extrajudiciales para eliminar sin complicaciones a delincuentes o
presuntos delincuentes.
También están los agentes que actúan
irracionalmente en lo que respecta al uso de la violencia y al manejo
de las armas de fuego. Prueba de ello es la acción de un
subcomisario y dos agentes quienes, el jueves 07 de febrero, en el
marco de las protestas por el asesinato de pilotos, mataron a balazos a
José Hernández Gudiel, un ayudante de camioneta que tan
sólo pretendía manifestar públicamente su miedo y
su indignación. Es de reconocer la acción inmediata de
las fuerzas policiales y del Ministerio Público, quienes
capturaron a los agentes responsables y han iniciado ya un proceso de
persecución en su contra.
Por todo lo anterior, nos solidarizamos con los familiares de las
víctimas de la violencia irracional que azota al país y
con la ciudadanía en general que vive presa del miedo y la falta
de seguridad, porque por encima de cualquier consideración
respecto de la crisis, la inestabilidad política y la
pérdida de gobernabilidad, está la indignación que
provoca la muerte violenta de personas.
Finalmente, a las autoridades del Estado y a los dirigentes de partidos
políticos los invitamos a ser reflexivos, a pensar en la
estrategia y no en la coyuntura. Les urgimos a impulsar decisiones de
Estado y no acciones de interés sectorial o personal. Sobre
todo, les solicitamos dejar atrás la simpatía por el uso
de mecanismos y herramientas de carácter dictatorial; y que
adopten plenamente los conceptos de la prevención y la seguridad
democrática en la búsqueda de soluciones que permitan a
la sociedad y al aparato estatal cerrar espacios contra la violencia y
el crimen.
Guatemala, 13 de febrero de 2008
Contacto: Carmen Aida Ibarra, Coordinadora del Area Politica
cibarra@myrnamack.org.gt
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
Tel.: +49-(0)234-9041380
Fax: +49-(0)234-9041381
(Jueves y viernes)
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