02.08.2007, Guatemala, Fundacion Myrna Mack sobre la aprobacion del congreso del Acuerdo para crear la CICIG
Ante la reciente aprobación del Acuerdo que crea la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por parte del Congreso de la República, la Fundación Myrna Mack comparte con la opinión pública las siguientes consideraciones:
1. Es preciso hacer un reconocimiento al Congreso de la República, pues en medio de un ambiente pleno de tensiones, presiones y disputas internas, la mayoría parlamentaria aprobó la CICIG. El Organismo Legislativo tomó la decisión pertinente, conveniente y necesaria, al haber desempeñado el papel que le corresponde en la tarea de contribuir a la vigencia de un pleno Estado Democrático de Derecho.
2. Esa votación parlamentaria demuestra que cuando se conjugan esfuerzos, es posible derrotar a las fuerzas oscuras que buscan continuamente dominar al Estado para proteger sus intereses criminales. Es verdad que los diputados tan sólo cumplieron con las funciones asignadas constitucionalmente, para las cuales fueron electos y por lo cual reciben un apreciable salario, pero es bueno notar que, al aprobar la CICIG en un contexto nada favorable, una mayoría de ellos tomó distancia de las actitudes de obstrucción, negligencia, desinterés y animadversión infundada que han caracterizado el abordaje del tema. Por supuesto, esta votación es, principalmente, resultado de las incuestionables demandas procedentes de amplios sectores de la sociedad, así como de las preocupaciones expresadas con mucha claridad por la comunidad internacional y gracias a la fiscalización ejercida por los medios de comunicación.
3. Ahora corresponde lograr que se mantenga incólume el concurso de la comunidad internacional, en materia de apoyo político y cooperación financiera. El aspecto más relevante queda en manos de la ONU, cuyas autoridades tienen la tarea de seleccionar a los mejores expertos, a personas realmente calificadas e idóneas, porque serán ellos los responsables de poner en marcha la CICIG y garantizar, tanto como puedan, resultados contundentes.
4. El Ministerio Público, protagonista central en lo que respecta al manejo de las investigaciones que efectuará la CICIG y a su función como querellante adhesivo, deberá poner en marcha procedimientos que le preparen para desarrollar satisfactoriamente el papel que le corresponde. El Fiscal General debe encabezar el análisis, la discusión y la toma de decisiones en los siguientes aspectos: ajustes en las políticas institucionales vigentes, instrucciones generales nuevas a emitir, creación de estructuras específicas, módulos de capacitación especializada, nombramientos ad hoc y perfil de idoneidad respecto del personal a contratar, etc.
5. Pero no sólo el Ministerio Público tiene tareas puntuales. Como se ha insistido, la cooperación internacional que traerá consigo la CICIG no sustituirá de ninguna manera la acción estatal, particularmente las obligaciones de los órganos de justicia y seguridad. Esta Comisión sólo tendrá éxito en la medida que haya apertura, voluntad, compromiso y actitudes receptivas por parte de las instituciones nacionales, sus autoridades y funcionarios.
6. El Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio de Gobernación, entre otras instituciones, también deberán hacer lo propio, a efecto de que la instalación de la CICIG no ocasione tensiones internas por falta de preparación, información y conocimiento. El funcionamiento de esta entidad debe ser aprovechada para impulsar procesos irreversibles de fortalecimiento técnico, depuración y diseño de políticas públicas.
7. El primer paso consiste en iniciar de inmediato, en las instituciones nacionales que corresponda, un extendido proceso interno de análisis sobre los retos a afrontar y el perfil de las relaciones de cooperación que deberán establecerse, a efecto de que autoridades, funcionarios y operadores no abriguen prejuicios y desconfianzas infundadas, ni sean presa fácil de la desinformación, la tergiversación y el encono que indudablemente seguirán rodeando a la CICIG. La aprobación del Congreso no anula la animadversión ideológica ni las pérfidas maniobras de los cabecillas del poder oculto, el crimen organizado y las estructuras clandestinas. Por tanto, no se puede descartar que los mecanismos de obstrucción continúen operando por distintas vías y habrá que batallar contra cada uno de ellos en la medida que surjan.
8. Para los diputados, el desafío de seguir haciendo aportes al Estado de Derecho sigue vigente, pues la aprobación de la CICIG no agota su tarea, ni los exime de cumplir con obligaciones pendientes. Se ha dado un paso valioso, pero hace falta concretar mayores avances para acabar con la vorágine de corrupción, mal desempeño y falta de voluntad política que hasta ahora define y caracteriza a la mayoría de instituciones. La sociedad está agobiada por una realidad de violencia y criminalidad extremas; y la población - sobre todo los segmentos sociales más expuestos y vulnerables - prácticamente ha perdido por completo la noción de tranquilidad y seguridad. Es una situación que debe ser revertida y el Congreso tiene un papel central que desempeñar en ese esfuerzo.
9. Aún hay temas pendientes en la agenda legislativa que deben ser discutidos y aprobados, tales como los proyectos de Ley de Adopciones, reformas a la Ley de Amparo, Ley Marco de Seguridad, Ley de Servicios de Seguridad Privada y Ley de control de Armas y Municiones. Se trata de batallas que los diputados deberán librar en el corto plazo, y la expectativa es que la mayoría parlamentaria garantice una gestión legislativa que -poco a poco- aliente un acercamiento entre la sociedad, los partidos políticos y la institución parlamentaria, relación crucial para la vigencia y consolidación de la democracia.
Guatemala, 02 de agosto de 2007