19.07.2007, Guatemala, Fundacion Myrna Mack
La emisión de un dictamen negativo contra la aprobación del Acuerdo suscrito por el
Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, que crea la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), muestra con claridad lo siguiente:
-Hay fuerzas políticas en el país que actúan a través de personas,
sectores e instituciones, incluidos algunos partidos políticos, diputados y funcionarios, que
se dedican a obstruir la vigencia plena de un Estado Democrático de Derecho con el fin de
garantizar una impunidad sobre la amplia gama de crímenes que está asolando a la
sociedad guatemalteca y sus estructuras estatales.
-El dictamen contra la CICIG, emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso
de la República a instancias del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y con el apoyo de
diputados de los partidos UNE, PAN, UCN, y UD, entre otros, representa una prueba documental de que
estos grupos -por múltiples y diferenciadas razones- están dispuestos a impedir la
vigencia de instrumentos y herramientas que hagan posible un mejor acceso a la justicia.
-Esta acción se suma al conjunto de prácticas del llamado filibusterismo parlamentario
que desplegaron desde que el proyecto de la CICIG fue conocido por el pleno del Congreso en febrero
pasado. Este comportamiento no es nuevo. En épocas recientes la mayoría parlamentaria
ha tenido actuaciones con resultados obstruccionistas, como lo demostró al crear la
Dirección de Inteligencia Civil y el Instituto de Ciencias Forenses sin dotarlos de un
presupuesto adecuado; al entorpecer el debate legislativo sobre las reformas a la Ley de Amparo, la
conformación del Sistema Nacional de Seguridad y la aprobación de las leyes sobre
Adopciones, Servicios de Seguridad Privada, Control de Armas y Municiones, entre otras; o cuando
intentó reducir las penas de prisión por hechos de la delincuencia organizada.
-Independientemente del comportamiento específico de algunas bancadas parlamentarias, la
situación del país está caracterizada por la existencia de variables internas
que están provocando la vorágine de violencia y de criminalidad, al mismo tiempo que
generan una mayor convulsión política en el proceso electoral.
-Una de esas variables es el influjo de grupos de fuerza política y económica, con
poder de fuego, con estructuras clandestinas de seguridad a su servicio, que tienen la capacidad
para eliminar impunemente a personas que resultan inconvenientes. Es el origen o la fuente de
algunos hechos violentos que han afectado a candidatos a cargos de elección popular en
ciertos partidos políticos, para garantizar que las candidaturas sean ocupadas por personajes
más convenientes al interés de estos grupos criminales. Parece ya lejano el tiempo en
que el protagonismo y la decisión radicaba en las bases partidarias, pues ahora es usual que
las decisiones se tomen en el ámbito extra partidario, al calor de las armas o de la
corrupción.
-En esta coyuntura, el acuerdo para instalar la CICIG en el país está sufriendo las
consecuencias de la situación convulsa que vive Guatemala en materia de violencia,
criminalidad e impunidad, penetración criminal en el entramado institucional y pugnas por
establecer una nueva correlación de fuerzas a partir de los resultados electorales.
-De no atacar estos focos de fomento criminal y de obstrucción de la justicia, Guatemala
seguirá por un rumbo de debilidad, deterioro y vicios institucionales; involución
democrática, entronización de la impunidad y pérdida de gobernabilidad. La
CICIG no frenará por sí sola este panorama nacional, pero podría constituir el
inicio de un proceso sólido para cambiar estos factores tan negativos.
-Mientras tanto, es importante tener en mente que los siguientes diputados han dado su firma al
dictamen contra la CICIG:
FRG: Zury Ríos, Jorge Ríos, Guillermo Sosa, Edgar Leonel Arévalo, Mario Rivera,
Carlos Enrique López, Luis Fernando Pérez y Juan José Cabrera.
PAN: Héctor Pérez Rojas.
UCN: Luis Alberto Velásquez.
UD: Jorge Luis Ortega
UNE: César Fajardo y Jorge Girón
Por su respaldo a este dictamen negativo y obstruccionista, es válido afirmar que estos
diputados representan grupos, tendencias e intereses que los convierten en políticos no aptos
para ser electos a cargos de elección popular, por cuanto abiertamente están optando
por bloquear todo intento de forjar una lucha sostenida contra la impunidad en Guatemala.