19.12.2008, Guatemala
Opinión de la Fundación Myrna Mack en relación con el documento de propuesta:
I. Pertinencia de promover un acuerdo nacional en materia de justicia y seguridad
La Fundación Myrna Mack (FMM) recibió del Consejo Asesor
de Seguridad (CAS) un documento titulado Propuesta de Acuerdo Nacional
para el Avance de la Seguridad y Justicia en Guatemala, en el cual se
encuentran planteadas diversas directrices de acción en favor de
la seguridad y la justicia, las cuales tendrían que ser
ejecutadas por los tres Organismos del Estado y el Ministerio
Público, y en general por la institucionalidad del Estado que
tiene atribuciones directas e indirectas en la temática
mencionada.
Dadas las circunstancias críticas que atraviesa el país
en dicha materia, la FMM considera pertinente la realización de
un Acuerdo Nacional, que tenga como fin principal el combate de la
impunidad y de los fenómenos de violencia y criminalidad que
afectan a la población, mediante la debida ejecución de
las funciones atinentes a las instituciones de justicia y seguridad.
En Guatemala estamos viviendo una virtual situación de guerra.
No se trata de una guerra como las que reconoce el derecho
internacional, ni de un enfrentamiento armado al estilo del que nos
afectó buena parte del siglo pasado, sino de una
situación con perfil transnacional y globalizado, de negocios,
sin ideologías de por medio. Esto, sin duda alguna,
marcará profundamente nuestra convivencia a lo largo de varias
décadas de la presente centuria.
En la lógica de la ya mencionada guerra nueva, se ha configurado
en Guatemala un perfil de violencia y criminalidad que ha conducido
casi al colapso al conjunto de instituciones de seguridad, y se ha
constituido en una fuente constante de inestabilidad política
para el Gobierno Central, en particular para las autoridades del sector
en cuestión.
De ahí que la suscripción y puesta en marcha de un
acuerdo nacional sobre justicia y seguridad es una propuesta necesaria,
importante, pertinente, oportuna, conveniente y susceptible de ser
puesta en práctica.
II. La noción de PACTO debe preceder toda acción
No obstante que consideramos pertinente la negociación y firma
de un Acuerdo Nacional en materia de Justicia y Seguridad, estamos
convencidos de que éste debe ser precedido por un PACTO entre
los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y el
Ministerio Público.
Con el uso de la palabra PACTO no queremos sugerir que se firme un
documento adicional y previo, sino que el Acuerdo esté precedido
por una manifestación de máxima voluntad política,
por parte de las más altas autoridades de los poderes del Estado
y que esto esté extendido hacia todas las instituciones de
justicia y seguridad, y sus funcionarios responsables.
Solamente si hay una expresa y clara manifestación de voluntad
política, podrá tener sentido y fundamento este Acuerdo
Nacional, cuyo contenido deberá ser determinado por las
instituciones de justicia y seguridad, siguiendo los parámetros
y los lineamientos de los compromisos que asuman las más altas
autoridades (los presidentes de los poderes del Estado y el Fiscal
General de la República y Jefe del Ministerio Público).
III. Las premisas fundamentales
En cuanto a la propuesta de Acuerdo que ha elaborado el CAS a solicitud
del Vicepresidente de la República, la FMM plantea una serie de
recomendaciones de forma y fondo, con la finalidad de que existan
condiciones y garantías de que la misma será viable y
pueda alcanzar su objetivo principal en un plazo razonable.
A continuación se presentan algunas de esas recomendaciones. Se
hace la salvedad de que las mismas son el resultado de una primera
revisión del documento, por lo que se continuará
analizando la propuesta presentada por el CAS, a efecto de hacer
–posteriormente- los comentarios específicos que sean
considerados pertinentes.
En relación con las Premisas del Acuerdo, la FMM plantea las siguientes:
1. El marco legal que rija dicho Acuerdo tiene que
ser la Constitución Política de la República.
2. El Consejo Nacional de Seguridad, cuya
implementación está en marcha tras la puesta en vigencia
de la Ley Marco de Seguridad, deberá ser el ente rector para
establecer las políticas públicas de seguridad integral
(exterior e interior) y de defensa nacional.
3. El Organismo Judicial y las instituciones que
conforman el sistema de justicia deberán definir su
política criminal y generar las condiciones, los mecanismos y
las acciones de coordinación a ejecutar, a efecto de lograr una
efectiva persecución del delito.
4. En el marco de las atribuciones constitucionales
cada uno de los organismos del Estado y sus instituciones,
deberán ejecutar las acciones que legalmente les corresponde y
los compromisos asumidos de acuerdo con las metas y los tiempos
acordados.
5. Las organizaciones de la sociedad civil
deberán participar con propuestas y con la realización de
auditoria social. Para el efecto, el Estado deberá garantizar el
acceso a la información pública.
6. Fijar metas de corto, mediano y largo plazo
priorizando según ejes temáticos y definiendo
cuáles son los compromisos que se van a ejecutar.
7. Cada institución signataria deberá
informar periódicamente de los avances sobre los compromisos
asumidos en este acuerdo.
IV. Objetivo, actores y testigos
Como Objetivo principal del Acuerdo, la FMM propone lo siguiente:
• Combatir las causas de la inseguridad y la
impunidad imperantes en el país, así como la
aplicación pronta y cumplida de la justicia.
Para tal efecto, la FMM plantea como Estrategia la
implementación de una política criminal integral y la
coordinación efectiva entre las instituciones vinculadas y los
responsables del sistema de justicia y seguridad, en aquellos delitos
que estén afectando prioritariamente a la población.
En relación con los Actores del Acuerdo, la FMM considera pertinente la participación de:
- El Organismo Ejecutivo, representado por el Presidente de la República.
- El Organismo Legislativo, representado por el Presidente del Congreso.
- El Organismo Judicial, representado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el Fiscal General de la República.
Como Testigos de Honor, se proponen:
- El Consejo Asesor de Seguridad, CAS.
- La Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, CNSAFJ.
- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
- El Grupo de Países Donantes, G-13.
V. Observaciones de forma y de fondo
La FMM plantea las siguientes observaciones generales al documento de propuesta del CAS.
Observaciones de Fondo:
- En un acuerdo de esta naturaleza, el Organismo
Ejecutivo tiene que estar representado por el Presidente de la
República.
- Algunas de las acciones planteadas en los ejes
temáticos requieren una reforma constitucional, por lo que son
inviables en este momento.
- No todas las instituciones mencionadas en el acuerdo tienen competencia en el mismo.
- Se recomienda que cada institución
involucrada defina cuáles van a ser sus acciones de corto,
mediano y largo plazo; así como cuáles van a ser los
mecanismos que implementarán para ejecutar y viabilizar la
coordinación interinstitucional.
Observaciones de forma:
- Sugerimos modificar la estructura del documento de la siguiente manera:
o Considerandos
o Objetivo
o Premisas
o Estrategia
o Temática
o Actores
o Testigos de Honor
La FMM reitera que ve con pertinencia la suscripción de un
acuerdo nacional sobre justicia y seguridad, siempre y cuando se
realice con una clara voluntad política, responsabilidad,
seriedad, moderación, cautela y profundo respeto al orden
constitucional vigente en el país.
La situación de la impunidad, que tiene una magnitud
difícil de precisar por su enormidad, está alentando cada
vez más los comportamientos criminales en la sociedad
guatemalteca; y éstos tienden a multiplicarse en la medida que
aquélla prevalece. Estamos viviendo un círculo vicioso en
el cual los delitos y la falta de sanción anidan en el seno
societario, cual cáncer que no retrocede, sino avanza sin
obstáculo alguno.
Por esa razón, creemos necesario estimular iniciativas como la
de buscar un acuerdo nacional, pero es imprescindible que estas
propuestas tengan diseños acordes con la Constitución
Política de la República y a la realidad existente en el
país, a efecto de que tengan viabilidad y sean susceptibles de
ser puestas en práctica.
Guatemala, 19 de diciembre de 2008
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
Tel.: +49-(0)234-9041380
Fax: +49-(0)234-9041381
(Martes y jueves)
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