21.08.2007, Guatemala, Fundacion Myrna Mack sobre la “judicializacion” de los conflictos electorales
Ante las numerosas evidencias de que las instituciones de justicia,
tanto en el ámbito penal como en el constitucional, están
arbitrando un amplio espectro del proceso electoral; y por el hecho de
que algunos grupos y partidos políticos podrían hacer uso
de estos órganos cual herramientas de confrontación
electoral, la Fundación Myrna Mack considera oportuno presentar
las siguientes reflexiones:
1. Desde el inicio de este proceso electoral se han registrado
discrepancias entre los partidos políticos y el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), en las que eventualmente han intervenido incluso
personas y grupos no partidarios. Factores como la falta de voluntad
política o la negativa a conciliar mediante el diálogo y
la negociación, motivaron la búsqueda de una
resolución ante los órganos de justicia.
2. Además de discrepancias ha habido también acciones de
orden judicial, en temas como: problemas en la interpretación de
la legislación electoral en lo que se refiere a los plazos para
la inscripción de los partidos y la realización de sus
asambleas; el fallido antejuicio contra la diputada Nineth Montenegro,
a quien el TSE quiso atribuir responsabilidad penal tras descubrir que
su partido inscribió una persona fallecida; la disputa sobre la
publicidad de las obras del Gobierno; los desencuentros por la
convocatoria a elegir diputados al Parlamento Centroamericano; y el
intento del TSE por sancionar a los medios de comunicación que
no entregaran información sobre las tarifas para la
contratación de propaganda.
3. Ésas, entre otras batallas batallas, han creado tensiones
entre los grupos involucrados, el TSE e instituciones como la CC y el
Organismo Judicial, además de que propiciaron el uso del sistema
de justicia para arbitrar algunos aspectos del proceso electoral en
detrimento de la autoridad electoral especializada. Crearon espacios
para “judicializar” la resolución de conflictos
político-partidarios.
4. La posibilidad de recurrir a los órganos de justicia para
dirimir asuntos electorales sitúa a este importante proceso en
terreno resbaladizo, en virtud de la porosidad, la debilidad y las
falencias que caracterizan al sistema de justicia y que lo hacen
vulnerable a las presiones de fuerzas económicas,
políticas y aquellas generadoras de violencia, corrupción
y manipulación.
5. En la medida que el sistema de justicia le enmienda la plana al TSE,
se daña la confianza y la credibilidad en la institución;
y también queda en evidencia la fragilidad técnica y
política con la que el TSE afronta este evento electoral.
Así las cosas, no resulta difícil que algunos pongan en
duda la excelencia profesional y la capacidad técnica de los
integrantes de la autoridad electoral, aunque es bien sabido que en el
TSE hay magistrados y funcionarios por su trayectoria destacada en el
medio jurídico del país.
6. Preocupan también otros hechos que aparentemente no tienen
relación directa con el proceso, pero que de igual manera
generan situaciones de tensión cuyo impacto abarca incluso a los
órganos de justicia. Tal es el caso del inesperado problema
generado con el transporte pesado, cuyos pilotos, con el respaldo de
los empresarios, declararon paro en protesta contra una medida que
está en vigencia desde hace varios meses; lo cual fue seguido de
acciones gubernamentales que eliminaron disposiciones con años
de vigencia y que hasta ahora no habían ocasionado problemas que
pusieran bajo la lupa de la justicia cuáles son asuntos propios
de la autonomía municipal y cuáles son responsabilidad
del Gobierno Central.
7. Independientemente de las molestias reales que la restricción
del horario de circulación representa para pilotos, empresarios
y personas directamente involucradas en esta rama del comercio, todo
indica que tras dicho movimiento hubo el intento de afectar la figura
del alcalde Álvaro Arzú y su campaña de
reelección. El Gobierno Central tomó decisiones que han
avivado la confrontación política y personal existente
entre el alcalde Arzú y el presidente Berger. Lo grave no es que
el pleito continúe y empeore. Lo censurable es que las
consecuencias estén siendo dilucidadas en el terreno de la
justicia constitucional, y que todo esto ocurra en una etapa muy
delicada del proceso electoral, justo cuando se requiere de la mayor
estabilidad política para no crear riegos que empañen los
comicios.
8. Todo esto obliga a hacer un llamado a los partidos políticos
y a sus dirigentes, al TSE. así como al Gobierno Central y a la
alcaldía de Guatemala, para que actúen con
responsabilidad, seriedad y mesura, a efecto de resguardar la
estabilidad política y la tranquilidad social necesarias para la
buena marcha y conclusión del proceso electoral.
9. También es preciso que las autoridades de las instituciones
de justicia analicen el contexto político y prevean qué
factores pueden afectarlas en lo que falta de proceso electoral, en
especial porque se está pronosticando un eventual escenario de
impugnaciones (algunos predicen votaciones muy cerradas, otros hablan
de empate técnico, etc.). De concretarse este escenario, los
órganos de justicia estarán en el centro de batallas
judiciales de cuya resolución podría depender la nueva
correlación de fuerzas políticas en el país.
Guatemala, 21 de agosto de 2007
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
Tel.: +49-(0)234-9041380
Fax: +49-(0)234-9041381
(Jueves y viernes)
Apoyado de
Manfred Nowak,
Relator especial de la ONU para la Tortura