26.09.2007, Guatemala, Fundacion Myrna Mack sobre la ejecucion
extrajudicial de cinco personas por agentes de la Policia Nacional Civil
1. Este nuevo hecho de violencia fraguado en el seno de la
institución policial constituye, sin duda alguna, una
múltiple violación de derechos humanos, abuso de
autoridad y uso ilegal de equipo, uniformes, insignias y recursos de la
PNC, que no puede pasar inadvertido para las autoridades de la
institución policial y del Ministerio de Gobernación.
Obviamente, tampoco para los órganos de justicia. Si bien hay
información de que las víctimas de esta acción
policial estaban involucrados en actividades delictivas, de ninguna
manera se justifica el comportamiento ilegal y clandestino de la PNC.
2. La ministra Adela de Torrebiarte debe mostrar un alto grado de
firmeza en el manejo de esta nueva crisis en el sector seguridad. Esto
implica que debe impulsar, sin titubeos, una exhaustiva
investigación interna que abarque incluso al director general de
la PNC, Julio Hernández Chávez, en virtud de que los
agentes sindicados estaban asignados a su despacho.
3. No debe ejercer autoridad una persona que, en apariencia, ignora o
no combate el carácter criminal de algunas personas que trabajan
en su entorno. De suerte que, por responsabilidad política en el
ejercicio del cargo, el Director General de la PNC debe ser
inmediatamente separado de su puesto y sometido a investigación
por parte del Ministerio Público. Sin dejar de lado, por
supuesto, a otros jefes y estructuras policiales que resulten con
responsabilidad directa e indirecta en las referidas ejecuciones
extrajudiciales.
4. Es indignante e intolerable que sigan ocurriendo hechos criminales
que colocan a la institución responsable de la seguridad y el
orden público en una situación de penetración
criminal que no cesa, simplemente porque el Estado no tiene capacidad
para evitarlo; o no realiza los esfuerzos del caso para cambiar
significativamente esa realidad institucional.
5. La investigación del Ministerio Público debe
esclarecer si este comportamiento perverso obedece a actividades
planificadas por estructuras policiales a raíz de que existe una
decisión institucional; o si los agentes aprovechan su
posición de autoridad para realizar “encargos” de
orden personal al estilo de sicarios, al servicio de quien puede
pagarles. Y debe determinarse la participación, complicidad y
encubrimiento de quienes ejercen jefaturas en la PNC.
6. Estos nuevos hechos dejan claro que los esfuerzos de
depuración y reestructuración que se iniciaron con el
cambio de autoridades (luego del escándalo desatado en febrero
pasado, cuando una célula de la División de
Investigación Criminal de la PNC asesinó a cuatro
ciudadanos salvadores, tres de ellos diputados al Parlamento
Centroamericano), no han sido suficientes y que es preciso tomar
decisiones más drásticas. De lo contrario, el Estado y
las autoridades sectoriales se colocan en situación de
cómplices o encubridores, o fuerzas que fomentan por
acción u omisión este tipo de comportamientos
institucionales perversos.
Guatemala, 26 de septiembre de 2007
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
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