18.11.2009, Guatemala
1. Hubo una conjura contra la justicia independiente
por parte de actores politicos procedentes de distintos segmentos de la
sociedad, entre ellos partidos políticos, Gobierno Central,
Congreso de la República y estructuras creadas para funcionar al
servicio de la delincuencia organizada y las redes de corrupción.
2. La lucha contra la impunidad no conviene a la
actual correlación de fuerzas políticas, de ahí la
necesidad de mantener copadas a las instituciones de justicia, incluso
en forma descarada y violando la legislación vigente.
3. La Ley de Comisiones de Postulación fue
aplicada por los actores del proceso de elección de magistrados
y de Director del IDPP, las comisiones de postulación y el
Congreso de la República en forma parcial; y en varias
oportunidades hubo manipulación, tergiversación y abuso.
Trataron de eludir los principios rectores de transparencia,
publicidad, objetividad y búsqueda de idoneidad, ética y
excelencia profesional, que establece el Decreto 19-2009.
4. La conjunción de esfuerzos entre
organizaciones de la sociedad civil y grupos de juristas independientes
y diputados independientes, con el respaldo de la comunidad
internacional, fue crucial para lograr hechos positivos este
año, en relación con el proceso de elección de
magistrados. Entre ellos, la aprobación de la Ley de Comisiones
de Postulación. Aquí se incluye también la lucha
por depurar de la Corte Suprema de Justicia de juristas cuestionados,
quienes inicialmente habían sido electos por el Congreso de la
República, lapso en el cual resultó fundamental la
participación de la CICIG.
5. Resulta indispensable estimular la continuidad en
el debate sobre la importancia de la justicia y la lucha contra la
impunidad, a efecto de no perder el impulso en la participación
ciudadana que experimentaron instancias como Convocatoria Ciudadana y
Guatemala Visible, de los cuales forma parte el Movimiento Pro
Justicia. Nunca como ahora se había logrado una
participación tan consciente sobre la importancia de la
elección de magistrados, con lo cual no sólo se
motivó el debate, sino también se catapultaron ejercicios
de observación, monitoreo y vigilancia ciudadanas.
6. El resultado es que la Corte Suprema de Justicia
integrada para el quinquenio 2009-2014 está siendo muy vigilada
por los diferentes sectores nacionales. El desafío es lograr que
esa observación social no rompa barreras ni dañen la
independencia del juez y la independencia del Poder Judicial. Es
deseable que es vigilancia ciudadana se extienda a las salas de
apelaciones y a las otras estructuras de la administración de
justicia.
7. Hay que propiciar la madurez del proceso de
selección de candidatos y elección de autoridades, para
consolidar la transparencia y reducir los influjos que atentan contra
la independencia del juez, o que podrían atentar contra la
autonomía de otras instituciones como el Instituto de la Defensa
Pública Penal, el Ministerio Público, la
Contraloría General de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad y
el Instituto de Ciencias Forenses, cuyas autoridades serán
electas entre 2010 y 2011. La madurez del proceso contribuiría a
una mejor aplicación de la Ley de Comisiones de
Postulación, cuyo espíritu y letra tienden a reducir
espacios donde proliferan los criterios subjetivos y las decisiones
arbitrarias y discrecionales.
8. Es preciso establecer parámetros objetivos
que tiendan a disminuir la negociación de candidaturas por
cuotas, y así evitar que la administración de justicia
sea “repartida” cual botín entre grupos de
interés.
9. Las comisiones de postulación deben
garantizar la aplicación certera de la Ley de Comisiones de
Postulación, especialmente en lo que se refiere a la
calificación de expedientes, evaluación de perfiles,
valoración de méritos y requisitos, definición de
punteos; debate sobre la honorabilidad y trámite de vetos u
objeciones.
10. Cabe resaltar el papel fundamental jugado por la
Corte de Constitucionalidad, en la resolución de los diversos
conflictos surgidos en el proceso de integración de las
comisiones de postulación, entre los que resaltan la
aplicación maliciosa y tergiversada de las normas
correspondientes. Es pertinente reconocer también que la CC
emitió resoluciones que resultaron en defensa de la publicidad
del trabajo que debían desarrollar tanto las comisiones de
postulación como el Congreso de la República,
especialmente lo relativo al voto público y nominal.
11. Debido a que hubo prácticas y mecanismos
de obstrucción y tergiversación de la Ley de Comisiones
de Postulación, cabe exhortar al Congreso de la
República, especialmente a la Comisión Extraordinaria
para la Reforma del Sector Justicia, a revisar concienzudamente el
referido decreto, a efecto de determinar si es viable incorporar
reformas que reduzcan la manipulación, la tergiversación
y la aplicación maliciosa.
12. Es indispensable crear un proceso de
evaluación de la Ley de Comisiones de Postulación, con el
fin de introducir mejoras, reducir aún más los espacios
que puedan propiciar la discrecionalidad y la arbitrariedad; y contar
con herramientas para combater eficazmente el influjo de los grupos de
interés.
13. Proponemos la realización de mesas
técnicas con participación de actores clave del proceso y
miembros de la sociedad civil, a efecto de detectar los aspectos que
hacen possible burlar y violar la ley; y definir conjuntamente las
enmiendas que resulte pertinente impulsar.
14. En el caso concreto de la elección de
magistrados y que es extensivo a la situación general de
operadores de justicia, el MPJ recomienda:
15. El Estado de Guatemala debe asumir la
responsabilidad de promover la superación profesional y
académica de los operadores de justicia, mediante el
establecimiento de programas que promuevan los estudios de posgrado y
los cursos de especialización, independientemente del trabajo
que ya se realiza en las unidades de capacitación de cada
institución de justicia.
16. Los rectores de las universidades y los decanos
de las facultades de Derecho, quienes juegan un papel fundamental en la
elección de autoridades de justicia, deben impulsar la
transformación de los cursos que conforman la carrera de las
ciencias jurídicas, a efecto de que los estudiantes y
jóvenes profesionales del Derecho estén mejor preparados
para ejercer la carrera tanto en el ámbito privado como en el
Estado, sobre todo cuando se trata de server en el sistema de
administración de justicia.
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
Tel.: +49-(0)234-9041382
Fax: +49-(0)234-9041381
(Martes y jueves)
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