28.08.2007, Peru, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exige
voluntad politica del gobierno para implementar las recomendaciones de
la Comision de Verdad y Reconciliacion
A cuatro años de la presentación del Informe Final de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) a los
representantes de los tres poderes del Estado, la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos manifiesta lo siguiente:
1. Ratifica la enorme trascendencia de este informe para nuestro
país, tanto en lo que se refiere al esclarecimiento de los
hechos ocurridos en el período 1980-2000, signado por el
conflicto armado interno que vivimos, sus causas y consecuencias, como
por las importantes recomendaciones sobre el derecho a la verdad, a la
justicia y a la reparación que tienen todas las víctimas
de la violencia y sobre las reformas institucionales necesarias para
que estos cruentos hechos no se repitan nunca más.
2. Constata que, pese a algunos avances significativos, la insuficiente
voluntad política de dos gobiernos, incluido el presente, trae
como consecuencia un balance negativo respecto del cumplimiento de sus
valiosas recomendaciones, afectando esta situación los derechos
de las decenas de miles de víctimas o sus familiares y nuestra
capacidad de aprender de los errores del pasado.
3. Lamenta que el informe final de la CVR no haya tenido
difusión por parte del Estado, ni se haya incluido en la
curricula escolar.
4. Constata con preocupación que en materia de justicia,
después de algunos avances alentadores, hoy asistamos a diversas
expresiones de retroceso expresadas en el estancamiento de los procesos
y en resoluciones que favorecen la impunidad de presuntos responsables
de violación de derechos humanos.
5. Reconoce el compromiso gubernamental y de numerosas autoridades
regionales de avanzar en el tema de las reparaciones y los pasos
iniciales que se han dado. Sin embargo, señala que el proceso
todavía es precario y requiere de institucionalidad, coherencia
y recursos económicos para fortalecerlo y cumplir con las
reparaciones individuales y colectivas.
6. Lamenta que sobre el esclarecimiento del destino de los más
de 12,000 peruanos desaparecidos, como de aquellos que se encuentran en
los más de 5,000 sitios de entierro no investigados,
prácticamente no se ha avanzado casi nada. Insta a las
autoridades respectivas a elaborar urgentemente y poner en marcha un
plan nacional de investigación forense.
7. Insta a las autoridades a implementar las reformas institucionales
propuestas por la CVR acercando estrechamente al Estado con la
sociedad, enfrentando la exclusión y las desigualdades con
restitución de dignidad y derechos, produciendo las reformas
democráticas de las fuerzas armadas y policiales, la reforma del
sistema de administración de justicia y de la educación.
8. Recuerda que el Estado tiene la obligación de esclarecer la
verdad de las violaciones de los derechos humanos, de investigar,
procesar y sancionar a los presuntos responsables de estas violaciones
y de reparar a las víctimas o sus familiares. Así como
también tiene la obligación de implementar las reformas
necesarias como garantías de no repetición de la
violencia vivida.
9. Expresa que sobre el conjunto de recomendaciones de la CVR los
organismos de derechos humanos hemos desarrollado importantes trabajos,
investigaciones, avances y aportes; y que podemos compartir estas
experiencias con el Estado en un espacio de diálogo donde puedan
surgir iniciativas conjuntas que nos permitan avanzar en el proceso de
implementación de las recomendaciones de la CVR.
Lima, 28 de agosto del 2007
Consejo Directivo Nacional
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
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(Jueves y viernes)
Apoyado de
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Relator especial de la ONU para la Tortura