21.05.2008, Guatemala, Fundacion Myrna Mack sobre asesinatos y violencia contra operadores de justicia en Guatemala en mayo 2008
l Asesinan a Magistrado y a Fiscal que laboran en
áreas complejas por la incidencia del crimen organizado y la
confictividad agraria.
l Amenazan a juez que lleva casos de relevancia histórica
Con pocos días de diferencia, la administración de
justicia en Guatemala sufrió varios embates de la violencia:
Asesinato del magistrado José Vidal Barillas Monzón
El jueves 08 de mayo de 2008, en la ciudad de Mazatenango, fue
asesinato el magistrado José Vidal Barillas Monzón.
Recibió dos balazos en la cabeza y uno en el brazo.
El magistrado se conducía en su automóvil cuando dos
hombres, a bordo de una motocicleta, se acercaron sin mediar palabra,
le dispararon y se dieron a la fuga.
La víctima era juez de carrera y había tenido a su cargo
varios casos complejos. Varios de ellos están relacionados con
la acción de propietarios de fincas contra campesinos, todo ello
inscrito en el marco de la conflictividad agraria que afecta al
país.
En 2006, la sala de apelaciones que presidía Barillas
Monzón confirmó la condena a prisión a un finquero
que mató a tres campesinos; desde hace unos tres años
conocía el caso de violencia en la finca Nueva Linda, que
incluya la desaparición de una persona y hechos de violencia
entre campesinos y fuerzas de seguridad.
En su jurisdicción también se ventilaban varios casos
contra autoridades y funcionarios acusados de corrupción,
además de varias causas por narcotráfico y crimen
organizado.
Asesinato del fiscal Rudy Rocael Pineda Pineda
El martes 20 de mayo de 2008, en la ciudad de Chiquimula, fue asesinado
el fiscal Rudy Rocael Pineda Pineda, quien ejercía funcione de
Fiscal Distrital de Chiquimula. Fue asesinado en horas de la noche,
cuando se conducía en su automóvil.
Las agencias fiscales a su cargo conocían casos de alto impacto,
muchos de ellos vinculados con delincuencia organizada; casos que
involucran algún tipo de comportamiento delincuencial por parte
de agentes policiales y otros de alto impacto social.
Amenazan a juez José Eduardo Cojulún
El martes 20 de mayo se dio a conocer que el juez Eduardo
Cojulún ha recibido amenazas de muerte. La víctima es
titular del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal.
En la actualidad, el juez Cojulún ha estado recopilando
testimonios sobre casos de genocidio ocurridos en Guatemala durante el
conflicto armado interno. Por más de un mes, el juez
Cojulún escuchó testimonios y ahora, tras concluir esa
diligencia, preparará un informe y lo hará llegar al juez
Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España.
Como se sabe, la Audiencia Nacional de España asignó al
juez Pedraz la tarea de tramitar varias denuncias presentadas ante
aquella jurisdicción, por casos de genocidio y de
violación de derechos humanos cometidos durante el el conflicto
armado interno en Guatemala. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala
designó al juez Eduardo Cojulún para dar asistencia al
juez Pedras en la recopilación de testimonios.
Las amenazas contra Cojulún fuera hechas por la vía
telefónica, precisamente el día en que concluyeron las
audiencias para recoger testimonios, que fueron aportados por
sobrevivientes, testigos presenciales y de referencia, así como
científicos sociales que estudian algunos aspectos del conflicto
armado en el país. El juez víctima ha recomendado al
Ministerio Público actuar de oficio para esclarecer esos casos
de genocidio y violación de derechos humanos.
Cojulún presidió el tribunal de sentencia que en 2001
condenó a prisión a un coronel, a un capitán, a un
sargento y a un sacerdote por el asesinato del obispo Juan Gerardi, y
ordenó abrir procesos de investigación contra otros
militares por su presunta participación en este crimen.
Con estos casos, van más de 20 casos de violencia contra
operadores de justicia, según los recuentos e información
que tienen en su poder la oficina de seguridad del Organismo Judicial y
la Asociación de Jueces y Magistrados.
Estos hechos correspondientes al 2008 constituyen una suerte de repunte
de la violencia que se cierne sobre la administración de
justicia. En diciembre de 2007 fue asesinato el juez Fausto Maldonado,
del Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango. A finales de ese mismo
año también fueron amenazados los jueces y magistrados de
la jurisdicción de Jalapa, que conocían de los
antejuicios interpuestos por el Ministerio Público contra el
entonces diputado Manuel Castillo, sindicado de participar en bandas de
narcotráfico y de sicarios, y de haber participado en el
asesinato de tres diputados salvadoreños y su piloto (hecho
ocurrido en febrero de 2007).
Carmen Aída Ibarra Morán
Coordinadora del Área Política
Fundación Myrna Mack
cibarra@myrnamack.org.gt
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
Tel.: +49-(0)234-9041380
Fax: +49-(0)234-9041381
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