11.09.2008, Guatemala, FMM sobre la situacion actual en Guatemala 18 anos despues del asesinato de Myrna Mack
Al conmemorar hoy el 18 aniversario de la ejecución
extrajudicial de la antropóloga social Myrna Elizabeth Mack
Chang, su familia, amigos y los integrantes de la Fundación que
lleva su nombre, nos dirigimos a la opinión pública para
compartir algunas reflexiones, preocupaciones e inquietudes respecto de
la situación nacional.
A lo largo de los últimos meses han ocurrido diversos hechos
políticos, judiciales, administrativos y financieros que han
puesto en evidencia la perversión de nuestro sistema
político. Vale mencionar los malos manejos financieros en el
Poder Legislativo que permitieron el enriquecimiento de una camarilla
de “dignatarios” en alianza con personajes poseedores de un
amplio prontuario delictivo.
Algunos de esos sucesos constitutivos de delitos graves están
débilmente sancionados en la legislación vigente.
Así, muchas personas que debieran estar afrontando
investigaciones criminales en su contra han huido o se desplazan
tranquilamente, protegidos por el manto de la impunidad y de la
inmunidad.
Como es lógico, todo eso ha provocado indignación,
descontento, frustración e impotencia. En algunos segmentos
ciudadanos hay una clara convicción de que las leyes y las
instituciones son meras formalidades, porque en la vida cotidiana se
incumple con el mandato constitucional de brindarnos seguridad, tutela
y protección. En otros ámbitos empieza a gestarse un
inquietante ambiente que promueve soluciones radicales que,
eventualmente, pondrían bajo cuestionamiento la vigencia del
orden constitucional y bajo fuerte presión la estabilidad
institucional.
Los hechos ocurridos y los factores que han definido la magnitud de su
impacto, están encadenados o unidos por los hilos de la
corrupción, la impunidad, la debilidad institucional, la falta
de voluntad política y la mediocridad en el ejercicio del poder
público. Todo eso conforma una plataforma sólida donde la
impunidad y la corrupción se regeneran y se amplían
constantemente.
Sobre esa plataforma perversa giran los ejes de la gobernabilidad, la
estabilidad política y económica, la paz, la democracia.
Por eso nuestra institucionalidad es precaria, vulnerable a los flujos
de poder y a la manipulación; lo cual facilita capturar a las
instituciones y hacerlas funcionar únicamente a favor de unos
pocos, en donde la mayoría queda sometida, sin protección
alguna, a los vaivenes de las circunstancias nacionales e
internacionales.
En ese contexto frustrante e indignante, la población
guatemalteca afronta, desprotegida, los efectos de fenómenos de
escala mundial, como la recesión, el desempleo y la
contracción de mercados, así como la escasez y el
encarecimiento de alimentos, productos, bienes y servicios.
Esto ha acentuado los problemas estructurales, entre ellos: la
inseguridad alimentaria, los problemas de desnutrición, la
aceleración de la pobreza y pobreza extrema, la crisis en el
sistema de salud, el conflicto ideológico y cultural en el
sistema educativo, el déficit habitacional, el desempleo y los
bajos salarios.
El Estado no está dando respuestas adecuadas. Predominan los
programas asistencialistas de visión corta y populista, no se
implementan políticas sociales y económicas de
carácter estratégico e integral; el gasto público
es ineficiente y poco o nada transparente, en la medida que privilegia
lo superfluo y margina lo indispensable para generar bienestar social.
En relación con la violencia, la criminalidad y la impunidad,
los rasgos característicos de los últimos meses son la
ejecución masiva de pilotos y ayudantes del transporte urbano y
extraurbano; las ejecuciones arbitrarias que podrían ser
atribuibles a agentes policiales; así como el incremento de la
violencia contra operadores de justicia y figuras destacadas en el
ámbito de la sociedad civil y el sector religioso. Resalta el
incremento de la violencia entre grupos del narcotráfico y la
incursión abierta en territorio nacional del cuerpo armado de
los narcotraficantes mexicanos (los Zetas); así como la
reactivación de los secuestros y el desborde de las extorsiones.
En medio de todo esto, vale recordar que en 2007 se inició, por
medio del Ministerio de Gobernación y de la gestión de
Adela de Torrebiarte, un conjunto de procesos técnicos internos,
orientados a concretar sin más dilaciones la
transformación de las entidades de seguridad, al tenor de la
seguridad democrática.
El que estos procesos estén aún vigentes es todo un
récord, y por eso constituyen un paradigma a seguir por otras
instituciones que suelen quedar en el limbo o en terreno movedizo con
cada cambio de administración. No obstante, esos aciertos son
debilitados por el mismo gobierno, pues opta por fortalecer al
Ejército con más tropa y presupuesto, mientras que la
Policía Nacional Civil afronta precariedad, corrupción y
comportamientos criminales, frente a lo cual los esfuerzos de
depuración tienen alcance limitado.
En relación con la institucionalidad del Estado, en los pasados
ocho meses diversas instituciones han afrontado escándalos y han
transitado por los campos minados de la corrupción, el abuso de
poder, el enriquecimiento ilegal, la penetración criminal, los
flujos de poder encontrados y el comportamiento acomodaticio de
autoridades y funcionarios.
En términos generales, nos mantenemos en el límite
extremo de la gobernabilidad y la estabilidad política, y
nuestra convivencia dista mucho de ser pacífica. Con la firma de
la paz en 1996 dejamos atrás las prácticas propias del
conflicto armado interno, lo que permitió el cese de fuego, el
desarme y la reinserción de los insurgentes a la vida legal.
Pero eso no fue suficiente, pues continuamos viviendo en medio de tanta
confrontación, conflicto y violencia, que pareciera que en pleno
posconflicto estamos viviendo una nueva guerra. Además,
está confirmado que la violencia generada por la delincuencia
común, el crimen organizado, las maras y los cuerpos
clandestinos, entre otros, está provocando más muertes
violentas que las reportadas durante el conflicto armado. Y si a eso
sumamos los decesos originados por la pobreza, el hambre y la
desnutrición, es válido afirmar que estamos fracasando
como Estado.
Es preciso salir de esa ruta que nos lleva directamente a la
pérdida de gobernabilidad. Hay que instalar procesos certeros de
depuración y, al mismo tiempo, emprender líneas de
fortalecimiento de las instituciones del Estado, especialmente las de
justicia y seguridad. Sin embargo, el principal reto consiste en
recuperar el ejercicio de la política y de la
administración pública, a partir de una práctica
socialmente responsable, basada en la aplicación de
códigos éticos y morales que nos permitan recuperar la
dignidad y el ideal del Estado Democrático de Derecho.
Guatemala, 11 de septiembre de 2008
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
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Fax: +49-(0)234-9041381
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