Netzwerk gegen Straflosigkeit / Red contra la impunidad / Network against impunity

20.12.2008, Guatemala, FMM analiza el sector de la seguridad actual

Inestabilidad y pérdida de gobernabilidad en el sector seguridad, en el marco de una “guerra nueva” en Guatemala

I. “Guerra nueva”
En Guatemala estamos nuevamente en “guerra”. No se trata de una guerra como las que reconoce el derecho internacional, ni de un enfrentamiento al estilo del que nos afectó buena parte del siglo pasado. Se trata de una “guerra nueva” donde imperan los negocios, su perfil es transnacional y globalizado, sin ideologías de por medio, y sin duda alguna marcará nuestra convivencia por las próximas décadas de la presente centuria.

Esa suerte de “guerra nueva” está generando ya daños de gran cantidad y magnitud, que van desde miles de víctimas mortales al año hasta depravación y atrofia institucional, pasando por alteraciones en el tejido social comunitario y en la salud mental de la población.

A diferencia de lo ocurrido en el conflicto armado interno, cuando los medios masivos de comunicación no informaban a la ciudadanía sobre los combates y los terribles hechos de violencia política que sucedían sobre todo en las comunidades indígenas, en la actualidad los noticieros radiofónicos, los diarios impresos y los noticieros de televisión informan con inmediatez y profusión sobre la cotidianidad de la violencia y la criminalidad (factores centrales de esta nueva situación bélica que vivimos).

La actual es una “guerra” muy publicitada y, por tanto, hay información sobre quiénes son sus protagonistas centrales, cuáles son sus componentes y los factores que la alientan, y cuáles serían los factores que podrían acabar con ella.

Los principales protagonistas son los poderosos y bien armados grupos de la delincuencia organizada, que incluso libran entre sí cruentas batallas; las maras y las bandas de la delincuencia común, en particular los grupos que se dedican a las extorsiones, los secuestros y el asesinato masivo de pilotos del transporte público.

Todos ellos manejan armas que han conseguido de manera clandestina e ilegal, una dimensión donde el Estado ha fracasado a pesar de que cuenta con una estructura especializada: el Departamento de Control de Armas y Municiones, dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional .

El dinero que producen sus actividades criminales y las facilidades del mercado negro de armas y del mercado legal para hacerse con adminículos propios del mundo de la seguridad y la inteligencia, les han permitido crear, en el curso de las últimas décadas, verdaderos brazos armados que utilizan la violencia para dominar territorio, defender intereses y negocios, y para aterrorizar a la población.

Se trata de los cuerpos clandestinos de seguridad que impunemente matan o amenazan a toda persona que molesta los intereses del crimen organizado, desde dirigentes comunitarios, periodistas, miembros de partidos políticos,  hasta operadores de justicia.

En México se tiene bien identificado a uno de esos grupos (Los Zetas), pero en Guatemala no se ha logrado identificar a uno solo. Únicamente se sabe que, al igual que Los Zetas reclutan militares y policías tanto en servicio como en retiro, o dados de baja por depuración, el crimen organizado propio de Guatemala también emplea tanto a integrantes activos como a ex miembros de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado. En gran parte, con ellos conforma sus cuerpos clandestinos de seguridad. Aprovechan, sobre todo en el caso de los kaibiles, que se trata de personal en cuya capacitación y entrenamiento el Estado de Guatemala realizó cuantiosas inversiones.

Por aparte están las células de las maras y pandillas que, bien armadas, se dedican a infundir el terror en colonias, barrios, zonas capitalinas; extorsionan a vecinos, asesinan a quienes incumplen con sus demandas; y violan a jovencitas que viven en el sector de su dominio, o las obligan a involucrarse en la mara. En general, todos los grupos delincuenciales que de manera organizada se proveen de armamento y lo utilizan sin dudar, están en capacidad de articular sus propios cuerpos armados de manera ilegal y clandestina.

Lo anterior no es difícil, pues no hay control sobre el trasiego local e internacional de armas y municiones. También están fuera de control los cuerpos clandestinos armados, tanto los nacionales como los que han venido de fuera (como Los Zetas, de México); y cualquier grupo de delincuentes medianamente articulado puede operar sin mayor problema y tener acceso relativamente fácil a todo tipo de armamento.

Es claro que Guatemala no cuenta con instituciones de justicia y seguridad que funcionen en condiciones propicias para afrontar la riesgosa y monumental tarea de combatir los fenómenos criminales ya descritos.

En efecto, las fuerzas policiales de la República de Guatemala son débiles, corruptas, deterioradas y básicamente no-profesionales. La Policía Nacional Civil (PNC) -no se puede negar- fue abandonada por el Estado y repudiada por la dirigencia de los diferentes sectores nacionales. Es rechazada por amplios segmentos de población que le tienen una mezcla de miedo, falta de confianza, reprobación y no-credibilidad.

En los últimos 18 meses ha habido una suerte de purga, de depuración en la PNC, que ha sometido a persecución penal a algunos agentes y oficiales policiales, sospechosos de estar involucrados en delitos de toda magnitud, desde robos y corrupción de menor cuantía hasta extorsiones, secuestros y operaciones propias del contrabando, la narcoactividad, el mercado negro de armas, las ejecuciones extrajudiciales y participación en grupos de sicarios, etcétera.

Esa acción depuradora es insuficiente y lo más criticable es que, en la mayoría de casos, los agentes y oficiales de la PNC involucrados en hechos criminales solamente son despedidos, más no sometidos a persecución penal. La depuración, por lo tanto, solamente devela la existencia de una podredumbre de grandes proporciones en la PNC, que es lo que la población percibe, rechaza y no perdona.

II. El perfil de la violencia y la criminalidad
En la lógica de la ya mencionada “guerra nueva”, la delincuencia común, el crimen organizado, las pandillas y las maras han configurado en Guatemala un perfil de violencia y criminalidad que ha conducido casi al colapso al conjunto de instituciones de seguridad, y se ha constituido en una fuente constante de inestabilidad política para el Gobierno Central, en particular para las autoridades del sector en cuestión.

Esto, sin mencionar el aporte que hacen a ese perfil indeseable los miles de casos anuales de violencia intrafamiliar, y en especial las agresiones contra la mujer, que por falta de tratamiento desde las diferentes estructuras del Estado derivan, la mayoría de las veces, en delitos contra la vida y delitos contra la libertad sexual.

El país afronta una criminalidad de altísimo impacto, que irremediablemente nos hace pensar que estamos llegando a los confines de la estabilidad en el sector seguridad. Por eso mismo, estamos llegando a una situación en la cual ya no solamente están en  riesgo la vida, la dignidad, la integridad física y el patrimonio de las personas, sino también están en serio riesgo el modelo y el conjunto de políticas democráticas que por mucho tiempo se ha intentado instaurar.

De enero a noviembre se ha rebasado con creces el número de cinco mil hechos de homicidio y asesinato , y en el último quinquenio ha existido un promedio anual de 46 víctimas mortales por cada cien mil habitantes .

III. Los fenómenos especiales
Los últimos doce años han sido el escenario de surgimiento y desarrollo de esos perfiles de violencia y crimen, que en la actualidad encuentran sus más cruentas expresiones en el asesinato de pilotos y ayudantes del transporte público, así como en el terror que cunde entre los usuarios de ese servicio; los secuestros y las extorsiones, el narcotráfico y la acción de los cuerpos clandestinos de seguridad al servicio de los grandes grupos de la mafia nacional y transnacional.

En el caso del narcotráfico, Guatemala se ha convertido paulatinamente en un país clave para actividades de este tipo en la región, lo cual ha generado secuelas de violencia que producen miles de víctimas mortales, el incremento de la drogadicción entre la juventud, así como la incrustación en los tres poderes del Estado de operadores al servicio de la narcoactividad. En los últimos meses hemos cobrado conciencia de esta situación, en la medida que observamos con horror hechos como:

1- La “narcomatanza” (Zacapa, en marzo 2008), donde murieron a balazos y calcinados varios miembros del narcotráfico guatemalteco y mexicano.
2- el ataque e incineración de un autobús (Zacapa, noviembre 2008), donde perdieron la vida 16 ciudadanos nicaragüenses y un holandés.
3- La “narcomasacre” de finales de noviembre 2008, en Santa Ana Huista (Huehuetenango), en donde también murió un número indeterminado de miembros del narcotráfico de México y Guatemala, así como varias personas inocentes .

A lo anterior debemos sumar como hechos concatenados entre sí, y con un trasfondo que los vincula a grupos de delincuencia organizada, los siguientes :

1- Asesinato e incineración de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano José D´Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, y su piloto Gerardo Ramírez (febrero de 2007);

2- La ejecución de los agentes de investigación criminal de la PNC, capturados por su responsabilidad en el asesinato de los salvadoreños (febrero de 2007). Estos fueron asesinados en el marco de una acción aún no esclarecida, cuando estaban bajo la custodia del Estado en la cárcel llamada “El Boquerón”.

3- El asesinato del comisario Víctor Rivera, jefe de la unidad antisecuestros de la PNC, quien había colaborado estrechamente con el Ministerio Público (MP), en el afán de esclarecer los dos sucesos mencionados en los numerales anteriormente inmediatos (abril de 2008).

4- El asesinato del fiscal auxiliar Juan Carlos Martínez, en julio de 2008. El fiscal estaba involucrado en la investigación de los casos anteriormente mencionados.

5- El asesinato, en octubre, en la prisión Santa Teresa, de una mujer que recién había caído bajo custodia del Estado, acusada de intentar propiciar la fuga de unos mareros sindicados de haber asesinado a los agentes policiales mencionados en el numeral 2.

6. El asesinato coordinado de la rectora y de una guardia de la prisión de mujeres Santa Teresa, en octubre, unos días después del asesinato reportado en el numeral 5.

7. El asesinato y decapitación de varias personas privadas de libertad, durante un motín ocurrido en el centro penitenciario llamado Pavoncito, en octubre 2008. Entre las víctimas se cuentan dos pandilleros que recién habían sido trasladados de El Boquerón a Pavoncito, por temor de fuga. Estas personas habían sido enjuiciadas por su presunta responsabilidad en el asesinato de los agentes policiales, caso mencionado en el numeral dos; y estaban vinculados directa e indirectamente con los sucesos mencionados en los numerales 5 y 6.

Todo lo anterior no es una situación exclusiva de Guatemala. En términos generales, la región centroamericana afronta situaciones de seguridad colapsada, débil o a punto de ser rebasada, como consecuencia de varios factores, entre ellos: 1) La expansión de la delincuencia organizada y de las maras en todos los países de la región, y 2) El debilitamiento general que afecta a las estructuras estatales.

Pero, a diferencia de los otros países, en Guatemala la incidencia del crimen organizado adquiere características altamente perversas por la penetración de estas células delictivas en las instituciones responsables de la seguridad, la justicia, la legislación y la administración del Estado. El país es clave tanto para los esfuerzos de combate del crimen organizado en sus diversas manifestaciones, como para los afanes de los grupos criminales, que con constancia buscan el crecimiento de sus actividades y negocios. Por eso no es extraño que las instituciones públicas sean parte de un círculo vicioso que reproduce y multiplica situaciones estructurales de corrupción, mal desempeño, ineficiencia; así como comportamientos criminales en algunos de sus agentes, funcionarios y autoridades.

Por aparte, los fenómenos migratorios, provocados esencialmente por las carencias socioeconómicas de amplios segmentos de población, han prohijado otros comportamientos criminales que tienen como principales víctimas a los hombres y las mujeres que intentan cruzar fronteras en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. En el caso de las mujeres y los niños las circunstancias son tanto más graves, ya que abundan los grupos que someten a estos migrantes a situaciones de neo-esclavitud, prostitución, pornografía y otras formas de explotación y tratos inhumanos.

IV. La falta de encaje entre la coyuntura y lo estratégico
En el caso concreto de Guatemala, los fenómenos criminales están dejando alrededor de seis mil víctimas mortales al año, la mayoría por ataques con arma de fuego.

Durante los últimos tres meses, especialmente en las primeras semanas de noviembre, el país ha estado afrontando sucesos que inducen a pensar que existe ya una pérdida de gobernabilidad en el ámbito de la seguridad y la justicia. Esto ha acentuado la inestabilidad de las instituciones y sus autoridades, y ha profundizado la pérdida de confianza en el Estado y sus estructuras.

Los logros que pueden ser mostrados por las autoridades de seguridad  no guardan proporción con respecto al fenómeno criminal que mantiene agobiada a la población. De esa cuenta, aunque hay logros que reconocer, especialmente en lo que se refiere al necesario e irrenunciable diseño de políticas de fortalecimiento y mejoramiento institucional, el balance en esta coyuntura es crítico por decir lo menos.

Desde el inicio de la transición democrática, y sobre todo después de la firma de la paz, han sido invertidos miles de millones de quetzales, procedentes del presupuesto de la Nación y de la cooperación internacional, para impulsar el desarrollo y un mejor funcionamiento de las instituciones de justicia y otras.

Pero, en el caso de la Policía Nacional Civil (PNC), no ha habido una inversión sustantiva. Durante muchísimos años, las instituciones de seguridad estuvieron dedicadas al control de la población y, con excepción del Ejército, no recibió atención del poder público.

Eso no cambió, como se esperaba, con la fundación de la PNC en 1997, pues el proceso de transformación quedó prácticamente truncado en el año 2,000. En consecuencia, ahora no contamos con fuerzas civiles profesionales, ni con la capacidad adecuada para garantizar el orden público y cumplir con el deber de proveer seguridad integral a la población.

V. Las políticas y los avances en riesgo
Muchos de los avances concretados de 1986 a la fecha no tienen un efecto práctico y cotidiano, en parte porque las instituciones siguen sufriendo el impacto de su desnaturalización durante la época del conflicto armado (inserción de miembros de fuerzas paramilitares, escuadrones de la muerte, militares represores, reciclaje de policías corruptos entre otros); y en parte porque se han creado situaciones de negligencia, indolencia y hasta de sabotaje, que bloquean sistemáticamente el alcance de nuevos avances.

Veamos como ejemplo las dinámicas y los procesos que se implementaron en el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y en la PNC por los ministros que han ostentado el cargo en el último año y medio: Adela de Torrebiarte, abril 2007-enero 2008; Vinicio Gómez (+) enero 2008-junio 2008; y Francisco Jiménez, julio 2008 a la fecha

Cada Ministro introdujo sus propios matices, pero en esencia los tres aceptaron el desafío de crear nuevos y mejores mecanismos de actuación en los entes responsables de la seguridad. En especial, se ha apostado por la planificación estratégica, la profesionalización, la especialización, el uso adecuado de los servicios de inteligencia para impulsar tanto los operativos de combate al crimen como las acciones del ámbito preventivo; así como la depuración integral y sistemática mediante la acción de órganos sólidos de inspectoría y de control interno.

Los procesos, que en principio tuvieron un carácter vinculado a la voluntad de las autoridades del MINGOB, ahora deben adquirir fuerza como políticas de Estado. Sólo de esa manera se podrán desentrampar y desbloquear las decisiones que dependen de la Presidencia de la República, del Poder Legislativo o de otros entes, y abrir la posibilidad de contar con un trabajo policial más coordinado, mejor planificado y de mayor eficacia.

Se menciona lo anterior, por cuanto desde hace varios meses la Secretaría General de la Presidencia de la República retiene un proyecto de Acuerdo Gubernativo, que reforma el Reglamento de la PNC. La no-aprobación de este proyecto de Acuerdo impide la consolidación de otros procesos internos que, en el mediano y largo plazo, podrían contribuir a dotar al país de una fuerza policial profesional y en mejores condiciones para prevenir y combatir el crimen.

Otra de las acciones que no se han concretado y que reafirma la idea de que no hay voluntad real de fortalecer el Ministerio de Gobernación, y como consecuencia a la PNC, es la lentitud en el incremento del número de efectivos que actualmente está constituido por 18,000 agentes, trabajando con salarios y  prestaciones precarias y en condiciones que no son aceptables desde ningún punto de vista.

El ministro Francisco Jiménez ha anunciado la apertura de más centros académicos y la intención de elevar a 30 mil la cantidad de efectivos como plan de mediano plazo, pero como es lógico este salto cuantitativo no se concretará en forma inmediata .

Son diversos los aspectos que interesan a la PNC y a los procesos de fortalecimiento institucional, que no avanzan. Se puede dar el beneficio de la duda y suponer que, en principio, esas trabas son meramente burocráticas, sin ningún tipo de trasfondo.

No obstante, tampoco se puede descartar que detrás del bloqueo haya la malsana intención de evitar que el Ministerio de Gobernación y la PNC cuenten con mejores herramientas para hacer su trabajo, en cuyo caso estaríamos enfrentando escenarios más complejos.

De hecho, es preciso evaluar la posibilidad de que, además de la debilidad institucional y el acecho del crimen, algunos sucesos sean parte de planes premeditados y deliberados con el fin de desestabilizar a las autoridades, en especial a las del sector seguridad.

Es de hacer notar que fuerzas partidarias, grupos políticos, intelectuales emergentes en la escena nacional, así como estructuras de poder oculto criminal han emprendido todo tipo de campañas, cada uno persiguiendo una meta propia:

1) Atacar al gobierno por su fracaso en materia de seguridad, como parte del hacer político-partidario común y corriente.
2) Desprestigiar y deslegitimar a las actuales autoridades del MINGOB por cuestiones que van desde rivalidades personales y políticas hasta discrepancias en cuanto al modelo a seguir.
3) Ansia por hacerse con los puestos en el sector, con miras a controlar el ejercicio del poder, el manejo de empleos y la ejecución presupuestaria. Además, en este ámbito de la seguridad suele haber posibilidad de hacer negocios con las compras y contrataciones de vehículos, uniformes, armas, equipo de comunicaciones, etc .
4) Acentuar el grado de deterioro y debilidad de la PNC, a efecto de abrir espacios para la incursión de otras fuerzas, como las del Ejército, por ejemplo. La debilidad y el deterioro de la PNC también benefician a los servicios de seguridad que se prestan en el ámbito privado; así como a grupos interesados en el manejo del poder de la información y la inteligencia del Estado.
5) Concretar venganzas contra las autoridades que han impulsado procesos de depuración,  a partir de los cuales han caído operadores criminales y se han recuperado algunos espacios que ya estaban en control de grupos delincuenciales.
6) Mantener vigentes las estructuras que, incrustadas en las instituciones del Estado, contribuyen sustancialmente a consolidar la impunidad.

Es claro que hay fuerzas activando con el fin de acentuar la crisis en el sector seguridad, y quizá el objetivo sea explotar la situación agobiante que vive la población y orillar al Presidente de la República a tomar decisiones que de todas maneras no resolverían el problema de la violencia, la criminalidad y la impunidad (Por ejemplo, algunos promueven el cambio prematuro y apresurado de autoridades como solución mágica).

VI. El Ejército y la seguridad ciudadana
Hay que admitir que quienes se inclinan por crear más crisis en el ámbito de la seguridad o forzar un cambio de rumbo, tienen la mesa servida. Es decir, tienen a mano argumentos y hechos que, sin duda, son indicadores de que hay cosas que andan muy mal en el ámbito de la seguridad. Basta con observar el número de necropsias que realiza a diario el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para advertir que la cantidad de víctimas mortales ha crecido desmesuradamente en los últimos meses. Esto sin mencionar los hechos delincuenciales como robos y asaltos, ataques y violaciones sexuales, violencia doméstica, entre otros que no implican necesariamente la muerte de la víctima pero sí severos daños a su integridad física, salud mental y patrimonio.

Todo lo anterior ha llevado a algunos grupos comunitarios y vecinales a solicitar la presencia y la participación del ejército en acciones de seguridad. Esto conduce a considerar que -para algunos- el Ejército tendría un papel temporal que jugar en el ámbito de la seguridad. En todo caso, es preciso delimitar con claridad su participación, respetando la visión de Estado que yace en los acuerdos de paz, y mediante  normas que regulen lo siguiente:

-La participación del Ejército debe ser concebida como un apoyo a la PNC. De ninguna manera debe pensarse en “la sustitución” de las fuerzas policiales civiles con la doctrina y la práctica militar.
-Una definición clara sobre límites temporales, funcionales y operativos de ese apoyo, así como de alcance de la misión militar en este campo.
-La determinación sobre responsabilidad, misiones, temporalidad y ubicaciones geográficas en que será prestado el apoyo militar.
-La estrategia en torno a la participación militar debe responder a parámetros establecidos por la autoridad civil, de cuyas decisiones se deben derivar también las órdenes sobre misiones, responsabilidad y lugares de acción. No sería aceptable que los propios militares definan qué misiones tendrán, dónde, cómo y por cuanto tiempo. Estas decisiones deben ser tomadas exclusivamente por un mando civil, procedentes de las entidades civiles responsables de la seguridad.

Ahora que estamos afrontando un período de mayor crudeza en lo que respecta a la violencia indiscriminada y al embate de la delincuencia organizada sobre la sociedad y el Estado, es el momento adecuado para ponerle atención a la PNC y buscarle apoyo efectivo que permita su fortalecimiento.

No es el momento de caer en trampas con las cuales se busca evidentemente mantener en el colapso y el abandono a dicha institución, con el fin de favorecer en forma desmedida el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas; o para impulsar la privatización de los servicios de seguridad. No hay que olvidar que los espacios de la seguridad son irrenunciables en lo que respecta al Estado, dado su carácter público.

Es urgente que las autoridades del sector tengan el respaldo político del Estado en su conjunto para entender que el combate a la violencia en todas sus expresiones es un trabajo coordinado e integral del Estado, sus instituciones y la sociedad Civil; y que el trabajo del Ministerio de Gobernación y la PNC tiene un sentido sistémico, de corto,  mediano y largo plazo.

No se trata solamente de tener agentes ágiles para perseguir delincuentes, sino de contar con una institución que pueda funcionar exitosamente en dos espacios:

Uno, dedicado a la coyuntura, que requiere de respuestas tácticas y operativas exitosas para enfrentar los desafíos de la prevención, así como el combate que los crímenes que se cometen día a día. Dos, un espacio estratégico institucional, que permita construir en el presente las bases para una mejor policía en el futuro, lo que implica procesos técnicos internos de transformación y fortalecimiento.

Para la adecuada ejecución de ambos espacios o ámbitos de acción, la PNC requiere el apoyo de otras instituciones del Estado. Por ejemplo, del Congreso de la República, para la creación de nuevas leyes y la reforma de algunas vigentes que coadyuven a la lucha contra el crimen y la violencia. Se ha remarcado la urgencia de contar con nuevas leyes en materia de control de armas y municiones, regulación de empresas de servicios de seguridad privada, creación del Sistema Nacional de Inteligencia, aprobación de presupuestos robustos, suficientes para cubrir los gastos que implica trabajar por una mejor seguridad. Eventualmente, quizá será necesario revisar la Ley de la PNC.

Del Ministerio Público se esperan actitudes y acciones contundentes que ayuden a la PNC en las tareas de investigación criminal, de una manera altamente profesional y coordinada, a efecto de que las fuerzas policiales den un aporte efectivo a la persecución penal.

Es imperativo el respaldo del Ejecutivo para agilizar la aprobación y puesta en vigencia de reformas internas en la PNC, como su nuevo reglamento orgánico, la desconcentración del presupuesto del MINGOB, a efecto de que la PNC maneje sus propios recursos financieros; la descentralización en la toma de decisiones operativas y administrativas; el fortalecimiento de los diferentes rangos de autoridad en la estructura orgánica institucional, una efectiva regionalización y despliegue territorial. Por supuesto, también es indispensable  la voluntad política y la dotación de dinero para la implementación de leyes que no están siendo cumplidas, como la Ley contra la Delincuencia Organizada.

El Estado no debe permitir que la situación de colapso en el sector seguridad sea utilizada para deteriorar aún más a las fuerzas policiales, y así fortalecer las opciones militares. Por el contrario, es el momento de apuntalar los procesos tácticos operativos para el trabajo cotidiano, entre lo que se incluye adoptar sin duda un sistema de planeación estratégica en el trabajo de la PNC, utilizar el recurso de la inteligencia policial para definir y sustentar planes operativos orientados a combatir los crímenes del día; determinar qué crímenes serán combatidos con prioridad y establecer la distribución estratégica de las fuerzas disponibles; agenciar más recursos financieros y reforzar los procesos de profesionalización e incremento de efectivos y capacidades técnicas de los miembros de la PNC, entre otros aspectos.

Por supuesto, lo esencial es poner en marcha planes estratégicos de rescate de las instituciones de justicia y seguridad, mediante procesos integrales de depuración, controles e investigaciones internas, reformas estructurales y promoción de la profesionalización y la especialización.

En la medida que las acciones táctico-operativas de la coyuntura sean implementadas con apoyo institucional sólido, y siempre y cuando no se pierda de vista el plano estratégico-institucional, habrá alguna esperanza de frenar el deterioro de la seguridad y, sobre todo, de las fuerzas policiales y mejorar su respuesta a la población.

La Fundación Myrna Mack le ha apostado a la institucionalidad del Estado en materia de seguridad, y con ese afán ha elaborado propuestas de transformación en la PNC y en el sistema penitenciario.

En ambos casos, y con los tres ministros que han ocupado el cargo de Ministro de Gobernación en los últimos 19 ó 20 meses, hemos apuntalado la idea de fortalecer los controles internos o de crearlos donde no los haya, a efecto de que por medio de inspectorías haya investigaciones internas eficaces que permitan depurar las instituciones con integralidad. Así también hemos propuesto introducir el elemento de la planeación estratégica y elevar, de manera constante, la profesionalización de quienes sirven a la ciudadanía por medio de la PNC y de los centros penitenciarios. Todo ello además de una serie de estudios y análisis orientados a mejorar el funcionamiento de algunas estructuras de seguridad, la legislación y la normativa menor.

En la Fundación Myrna Mack consideramos que la actual situación de colapso, ingobernabilidad e inestabilidad puede ser revertida poco a poco. En nuestra opinión urge introducir operativos inmediatos que ataquen el embate criminal que sufre a diario la población, y al mismo tiempo hay que implementar acciones inaplazables en la transformación de la PNC.

En ese sentido, urgimos al Ministro de Gobernación y al Presidente de la República a agilizar el trámite de aprobación de las reformas al Reglamento de la PNC, fortalecer el proceso de controles internos, invertir cuanto presupuesto sea necesario en la profesionalización de la PNC y sus agentes, iniciar con pie firme el incremento de efectivos, consolidar la carrera policial, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los agentes, dignificar al buen policía e invertir en una mejor infraestructura, entre otros aspectos.

 La Fundación hace también un llamado a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional para respaldar los esfuerzos que se realizan actualmente por construir la institucionalidad de la seguridad democrática. Esto no implica anular el sentido crítico sobre decisiones, acciones y situaciones que pudieran generar un retroceso en la transformación y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

 

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Informaciones de la red

 Boletin Agosto 2007 

Cooperación

World Coalition Against Torturers (WCAT)

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)

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